ene 13 21
¿Sombras o certezas?
El País | Jorge Trías Sagnier
Todo son lugares comunes pero nadie, ni
desde el Gobierno o los partidos afectados, ha dado una explicación convincente
de lo que está ocurriendo. Quizás, la vicepresidenta Santamaría: “A mí, que me
registren”. Porque ella, y algún otro u otra ministra o ministro, sí que están
limpios de polvo y paja. Este asunto viene de lejos y no se ha querido —porque
se pudo— resolver. Ahora ya no es tiempo de lamentos sino de explicaciones. Y
rápidas.
En la primera legislatura de Aznar, la
VI, había una Comisión o Subcomisión en el Congreso a la que yo pertenecí en la
que estaban el diputado socialista Fernández Marugán, Jaime Ignacio del Burgo y
alguien más que no recuerdo. El escándalo Filesa, que tanto azuzó el PP —y Rato
especialmente—, era aún un asunto muy cercano. Los socialistas lo habían pagado
caro y Marugán, hombre cabal, barbado y honesto, era muy consciente de ello.
Decidimos que había que modificar el sistema de financiación de los partidos
políticos y la ley que lo regulaba.
Recuérdese que estaban permitidas
entonces las donaciones anónimas. Así se financiaban, además de las
asignaciones públicas, prácticamente todos los partidos, lo cual daba lugar a
todo tipo de corruptelas, enjuagues y corrupciones. No fue posible entonces
acabar con ese sistema. No se quiso poner el cascabel al gato. Y, desde luego,
había gato encerrado. CiU, de quien dependía el PP para poder gobernar, se
opuso rotundamente. Si mi memoria no me falla, las donaciones anónimas
terminaron en la etapa de Zapatero, que no todo lo hizo mal, ni mucho menos
ahora el PP, y especialmente su extesorero Luis Bárcenas —con quien he
recorrido montañas, he tenido larguísimas conversaciones y a cuya amistad no
renuncio sea cual sea su futuro—, están sometidos a un escrutinio lógico.
Deben, pues, aclarar y explicar el sistema de financiación para que podamos
creerles. Y la oposición, toda ella, debe también contar públicamente —el
Partido Socialista especialmente— si usaban, así mismo, de esas malas
prácticas.
Hace aproximadamente un año publiqué un
artículo en este diario que tuvo una enorme repercusión en el que contaba
algunas cosas que sabía por haber intentado ayudar al juez Pedreira, enfermo y
sin medios materiales en el juzgado, que intentó realizar una investigación
clara. Pudo a medias. En el PP sentó muy mal ese artículo mío. Afortunadamente,
ahora, el juez número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, siguiendo la
estela de lo que había iniciado su antecesor Baltasar Garzón, intenta aclarar
el escándalo de la financiación del Partido Popular. Confiamos muchos en que ni
la Fiscalía Anticorrupción ni el juez se arredrarán ante las presumibles
presiones que van a sufrir. El fiscal general es hombre cabal y con arrestos, y
el juez es hombre lento, pero seguro.
¡Vaya historia!: el juez que inició la
investigación, honrado en toda Hispanoamérica y en la Corte Penal
Internacional, Baltasar Garzón, fue apartado y condenado por unas escuchas que,
a mi juicio, fueron muy limitadas y estaban más que justificadas. Y el juez del
Tribunal Superior de Justicia, Antonio Pedreira, quedó postrado en el lecho del
dolor y olvidado. La dignidad tiene su precio. Pero la verdad se va abriendo
paso.
Sigamos, pues, con lo que quiero decir.
Al margen de lo que hagan los fiscales y jueces, el Partido Popular tiene que
explicar con pelos y señales los medios con los que se financiaban. Francisco
Álvarez-Cascos, ex secretario general; Ángel Acebes, excoordinador general;
Javier Arenas y María Dolores de Cospedal, sucesivos secretarios generales del
PP; líderes autonómicos afectados por este caso u otros; y, por supuesto, José
María Aznar y Mariano Rajoy, presidentes sucesivos del PP, deben dar una
explicación convincente. Por supuesto, también deben hacerlo Álvaro Lapuerta,
Luis Bárcenas, otro tesorero cuyo nombre no recuerdo que le sucedió
interinamente, Romay y la actual tesorera.
No podemos tener esa desagradable
sensación de que fuimos ingenuamente engañados quienes les defendimos en medio
del tornado. Ellos tienen los documentos o información suficiente. Llevaban esa
contabilidad B, cuando la hubo, de las donaciones personificadas y de las
anónimas —legales hasta hace unos cuatro o cinco años— y de a quiénes o a qué
menesteres se destinaba ese dinero. No pueden esconderse ni mentir.
Y todos los destinatarios deberían hacer
públicas sus declaraciones de renta para que la Agencia Tributaria determine si
estaban declaradas. Y en el caso de que no lo hubiesen sido, y si incurrieron
en un posible delito fiscal, que la Agencia Tributaria envíe el asunto al
Juzgado numero 5 que, según parece, es indiscutiblemente el competente.
Por lo que yo pude saber, y ya conté en
estas páginas de forma sucinta, sí se entregaban sobres con dinero en efectivo
que servían como complemento del sueldo que percibían algunos dirigentes. Creo
que la cantidad máxima eran unos 10.000 euros al mes o su equivalente en
pesetas antes de la moneda única. De ahí hacia abajo se percibían cantidades
menores, según los cargos y responsabilidad. La mayoría de diputados y
dirigentes del PP no percibía nada de esas cantidades. Y es por ellos, y
especialmente por quienes les votaron, por lo que deberían dar una explicación,
tanto Cospedal como Rajoy, que son quienes ahora dirigen el partido.
Es posible que ellos acabasen con esas
malas prácticas, es posible, pero también deberían explicar si al principio de
sus mandatos respectivos percibieron alguna cantidad de esa opaca procedencia.
En resumen: queremos saber la lista de donantes y la de receptores. Nos la
deben quienes fueron nuestros dirigentes, amigos algunos de ellos, e incluso
aquellos que, pase lo que pase, lo seguirán siendo.
Es posible que ninguno de los
perceptores, si no hubiese declarado esas cantidades que recibían en metálico,
haya incurrido en delito fiscal, pues la cuota posiblemente defraudada, por lo
que yo conozco, no llega al límite del delito. Pero en cualquier caso el
escándalo está servido y España y los españoles, tenemos derecho a conocer lo
que se hizo con ese dinero público. Y Bárcenas, que tiene un buen abogado,
debería explicar de dónde salía ese dinero y si las empresas que se acogieron a
la amnistía fiscal eran suyas o de más personas, pues probablemente, y como
consecuencia del generoso sueldo que cobraba, pueda tener una explicación que
le aparte definitivamente del delito. Callar, a veces, es complicidad. Otra
cosa son las responsabilidades políticas, que el PSOE, con Rubalcaba a la
cabeza, debe pedir con firmeza y no con la boca chica como lo viene haciendo
hasta ahora, pues da la sensación de que ellos también tienen algo que ocultar.
El sistema constitucional español es lo
suficientemente fuerte para soportar una crisis política de esta magnitud. Hay
personas muy cualificadas, tanto en el Gobierno, en el PP, y en el PSOE, para
sustituir a quienes deban caer, con delito o sin delito, por este monumental
escándalo. “Que cada palo aguante su vela”, afirmó la secretaria general, María
Dolores de Cospedal. Efectivamente, y ella la segunda. Pues el primero que nos
debe una explicación es el jefe del PP, Mariano Rajoy. Es una cuestión de
patriotismo y de ejemplaridad, como diría el filósofo Javier Gomá. Y de honor.
Si no creemos en quienes gobiernan la nación, ¿cómo podrán soportar los
ciudadanos tantos sacrificios como se les están exigiendo?
Jorge
Trías Sagnier es exdiputado del Partido Popular.
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