Sobre un supuesto derecho

ene 13 16

Sobre un supuesto derecho

La Vanguardia | Francesc de Carreras

Parece que en Catalunya una mayoría parlamentaria, en la que se incluyen al parecer los socialistas, es favorable al llamado derecho a decidir. Es más, lo encuentran como algo natural y evidente, implícito en la misma esencia de la democracia. Incluso se llega a decir que, a pesar de que las leyes no lo permitan, el derecho a decidir es siempre legítimo desde un punto de vista democrático, invocando así una legitimidad democrática al margen de la legalidad vigente. Tales afirmaciones muestran la gran confusión sobre el significado de todos estos términos. En este artículo intentaremos averiguar qué se oculta tras el tan traído y llevado derecho a decidir.

En primer lugar, la función primordial de los poderes públicos –legislativos, ejecutivos y judiciales– es tomar decisiones: para ello están las leyes y reglamentos, los actos administrativos y las resoluciones judiciales. Todas estas normas son decisiones que vinculan obligatoriamente a los ciudadanos y a los demás poderes públicos. Su legitimidad deriva de que se adecuen a la legalidad, es decir, que sean dictadas por el órgano competente, a través de los procedimientos previstos y, de acuerdo con el principio de jerarquía normativa, sin oponerse al contenido de una norma superior. Pero el tan invocado derecho a decidir no creo que se refiera a este tipo de decisiones regulares de los poderes públicos. Supongo que se refiere a otra cosa.

Se me objetará: de lo que se trata es de que sean los ciudadanos, no los poderes públicos, quienes decidan, de eso hablamos cuando reclamamos el derecho a decidir. Pues bien, en la toma de decisiones que hemos descrito son los ciudadanos quienes deciden de forma indirecta a través del ejercicio de diversos derechos políticos: libertad de expresión, reunión, manifestación, asociación y participación. Las cuatro primeras se limitan –y no es poco– a influir en la toma de decisiones por parte de los poderes públicos. La quinta, el derecho de participación política, en su sentido estricto de derecho electoral, hace que el ciudadano decida en un aspecto clave: sobre la composición de las cámaras parlamentarias. Las elecciones son el instrumento que legitima democráticamente a todo el Estado, al conjunto de poderes políticos, administrativos y judiciales.

En todo caso, si bien los ciudadanos están constitucionalmente situados por encima de estos poderes –dado que la soberanía, el poder supremo, reside en el pueblo–, la idea de Estado de derecho presupone que estos mismos ciudadanos estén sometidos, al igual que los poderes públicos, a las normas que estos aprueban, ya que en conocida frase de Rousseau, obedecer a las normas “no es más que obedecerse a sí mismos”, ya que son ellos, los ciudadanos, quienes les han dado su consentimiento. Este es, en definitiva, el orden democrático representativo en el cual sólo aquello que es legal es jurídicamente legítimo, ya que sólo son las leyes quienes determinan los derechos y deberes de las personas y las competencias de los poderes.

Pero además, como excepción a la democracia representativa, también los ciudadanos pueden decidir de forma directa, en especial a través de los referéndums, es decir, del derecho a voto sobre una pregunta a la que debe contestarse de forma positiva o negativa, con un sí o un no. Es a eso, y sobre una materia determinada, la separación de España, que en Catalunya se habla de “derecho a decidir”. Es decir, los ciudadanos deciden ejerciendo derechos, las instituciones públicas dictando normas de todo tipo, pero se intenta dar la apariencia de que los catalanes sólo van a decidir realmente en un referendo sobre la independencia de Catalunya. ¿Por qué? A mi modo de ver porque con el término específico derecho a decidir se oculta otro derecho que está regulado en los tratados internacionales y que no es de aplicación a Catalunya. Se trata del derecho a la autodeterminación, sólo admisible en situaciones coloniales o en aquellas otras en las que un Estado niegue los más elementales derechos a sus ciudadanos. Como es obvio, nada de ello sucede en Catalunya. Por tanto, el derecho a decidir –si por derecho entendemos algo que las leyes vigentes regulan y no un derecho natural o divino propio de épocas premodernas– es un derecho inexistente, un supuesto derecho, sólo inventado como instrumento de lucha ideológica pero sin base jurídica alguna.

No pueden, pues, los ciudadanos catalanes tomar una decisión sobre su independencia que, inevitablemente, vincularía a terceros, en concreto al resto de España y a la Unión Europea. Una decisión de este tipo, además de ilegal sería irrazonable, ya que tal decisión, al afectar a otros, obviamente debe contar con su acuerdo. Sólo mediante una reforma constitucional, según el procedimiento previsto en la propia Constitución, que implica necesariamente la ratificación del pueblo español, sujeto en el que reside la soberanía, podría en su caso decidir sobre la independencia de Catalunya. En este pueblo español están también incluidos, como se sabe, los ciudadanos catalanes.

Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB