Texto íntegro de la declaración soberanista aprobada

Con los votos de CiU, ERC, ICV y CUP

Texto íntegro de la declaración soberanista aprobada

El texto aprobado en el Parlamento catalán pide el derecho a decidir y define a Cataluña como  "sujeto político y jurídico soberano".

"Propuesta de Resolución de aprobación de la Declaración de Soberanía y el derecho a decidir del pueblo de Cataluña.

Preámbulo

El pueblo de Cataluña, a lo largo de su historia, ha manifestado democráticamente la voluntad de autogobernarse, con el objetivo de mejorar el progreso, el bienestar y la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía, y para reforzar la cultura propia y su identidad colectiva.

El autogobierno de Cataluña se fundamenta también en los derechos históricos del pueblo catalán, en sus instituciones seculares y en la tradición jurídica catalana. El parlamentarismo catalán tiene sus fundamentos en la Edad Media, con las asambleas de Pau i Treva y de la Cort Comtal.

En el siglo XIV se crea la Diputación del General o Generalidad, que va adquiriendo más autonomía hasta actuar, durante los siglos XVI y XVII, como gobierno del Principado de Cataluña. La caída de Barcelona el 1714, a raíz de la Guerra de Sucesión, conlleva que Felipe V aboliese con el Decreto de Nueva Planta el derecho público catalán y las instituciones de autogobierno.

Este itinerario histórico ha sido compartido con otros territorios, hecho que ha configurado un espacio común lingüístico, cultural, social y económico, con vocación de reforzarlo y promoverlo desde el reconocimiento mutuo.

Durante todo el siglo XX la voluntad de autogobernarse de las catalanas y los catalanes ha sido una constante. La creación de la Mancomunidad de Cataluña el 1914 supondrá un primer paso en la recuperación del autogobierno, que fue abolida por la dictadura de Primo de Rivera. Con la proclamación de la Segunda República española se constituyó un gobierno catalán el 1931 con el nombre de Generalitat de Cataluña, que se dotó de un Estatuto de Autonomía.

La Generalidad fue de nuevo abolida el 1939 por el general Franco, que instauró un régimen dictatorial hasta el 1975. La dictadura contó con una resistencia activa del pueblo y el Gobierno de Cataluña. Uno de los hitos de la lucha para la libertad es la creación de l'Assemblea de Cataluña el año 1971, previa a la recuperación de la Generalitat, con carácter provisional, con el retorno el 1977 de su presidente en el exilio. En la transición democrática, y en el contexto del nuevo sistema autonomista definido por la Constitución española de 1978, el pueblo de Cataluña aprobó mediante referéndum el Estatuto de Autonomía de Cataluña el 1979, y celebró las primeras elecciones al Parlamento de Cataluña en 1980.

En los últimos años, en la vía de la profundización democrática, una mayoría de las fuerzas políticas y sociales catalanas han impulsado medidas de transformación del marco político y jurídico. La más reciente, concretada en el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña iniciado por el Parlamento el año 2005. Las dificultades y negativas por parte de las instituciones del Estado Español, entre las que es necesario destacar la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, conllevan una negativa radical a la evolución democrática de las voluntades colectivas del pueblo catalán dentro del Estado Español y crea las bases para una involución en el autogobierno, que hoy se expresa con total claridad en los aspectos políticos, competenciales, financieros, sociales, culturales y lingüísticos.

De varias formas, el pueblo de Cataluña ha expresado la voluntad de superar la actual situación de bloqueo en el seno del Estado Español. Las manifestaciones masivas del 10 de julio de 2010 bajo el lema 'Som una Nació, nosaltres decidim' y la del 11 de septiembre de 2012 bajo el lema 'Catalunya nou Estat d'Europa' son expresión del rechazo de la ciudadanía hacia la falta de respeto a las decisiones del pueblo de Cataluña.

Con fecha 27 de septiembre de 2012, mediante la resolución 742/IX, el Parlamento de Cataluña constató la necesidad de que el pueblo de Cataluña pudiera determinar libremente y democráticamente su futuro colectivo mediante una consulta. Las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña del 25 de noviembre de 2012 han expresado y confirmado esta voluntad de forma clara e inequívoca.

Con el objetivo de llevar a cabo este proceso, el Parlamento de Cataluña, reunido en la primera sesión de la X legislatura, y en representación de la voluntad de la ciudadanía de Cataluña expresada democráticamente en las últimas elecciones, formula la siguiente:

DECLARACIÓN DE SOBERANÍA Y EL DERECHO A DECIDIR DEL PUEBLO DE CATALUÑA

De acuerdo con la voluntad mayoritaria expresada democráticamente por parte del pueblo de Cataluña, el Parlamento de Cataluña acuerda iniciar el proceso para hacer efectivo el ejercicio del derecho a decidir para que los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña puedan decidir su futuro político colectivo, de acuerdo con los principios siguientes:

 -Soberanía. El pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano.

-Legitimidad democrática. El proceso del ejercicio del derecho a decidir será escrupulosamente democrático, garantizando especialmente la pluralidad de opciones y el respeto a todas ellas, a través de la deliberación y diálogo en el seno de la sociedad catalana, con el objetivo de que el pronunciamiento resultante sea la expresión mayoritaria de la voluntad popular, que será el garante fundamental del derecho a decidir.

-Transparencia. Se facilitarán todas las herramientas necesarias para que el conjunto de la población y la sociedad civil catalana tenga toda la información y el conocimiento preciso para el ejercicio del derecho a decidir y se promueva su participación en el proceso.

-Diálogo. Se dialogará y se negociará con el Estado español, las instituciones europeas y el conjunto de la comunidad internacional.

-Cohesión social. Se garantizará la cohesión social y territorial del país y la voluntad expresada en múltiples ocasiones por la sociedad catalana de mantener Cataluña como un solo pueblo.

-Europeismo. Se defenderán y promoverán los principios fundacionales de la Unión Europea, particularmente los derechos fundamentales de los ciudadanos, la democracia, el compromiso con el estado del bienestar, la solidaridad entre los diferentes pueblos de Europa y la apuesta por el progreso económico, social y cultural.

-Legalidad. Se utilizarán todos los marcos legales existentes para hacer efectivo el fortalecimiento democrático y el ejercicio del derecho a decidir.

-Papel principal del Parlamento. El Parlamento en tanto que la institución que representa al pueblo de Cataluña tiene un papel principal en este proceso y por tanto deberán acordarse y concretar los mecanismos y las dinámicas de trabajo que garanticen este principio.

-Participación. El Parlamento de Cataluña y el Gobierno de la Generalitat deben hacer partícipes activos en todo este proceso al mundo local, y al máximo de fuerzas políticas, agentes económicos y sociales, y entidades culturales y cívicas de nuestro país, y concretar los mecanismos que garanticen este principio.

El Parlamento de Cataluña anima al conjunto de ciudadanos y ciudadanas a ser activos y protagonistas de este proceso democrático del ejercicio del derecho a decidir del pueblo de Cataluña.

Rivera tumba los mitos nacionalistas

Albert Rivera ha comenzado su intervención recitando el artículo 1 de la Constitución, que recoge que la soberanía reside en el pueblo español. "Aquí podríamos acabar nuestra explicación", ha dicho el presidente de Ciudadanos entre protestas, antes de recordar que con la declaración pasan "por encima de la legalidad democrática". Rivera ha recordado que un estado de Derecho supone el respeto a las leyes "y el primer artículo es el que primero hay que leerse".

Rivera ha acusado a ERC y CiU de "menospreciar" y "romper" el artículo constitucional y ha recordado "que son los españoles, no los territorios, los que tienen derechos". "No pueden declararse insumisos de salón. El señor Mas no es presidente por gracia divina. Yo hablo de la democracia y ustedes que han traído este debate aquí lo desafían", ha indicado. "Marco legal hay uno, y ese único marco legal es lo que nos permite estar aquí, que Mas sea presidente de una comunidad autónoma española, no de una región milenaria", ha añadido.

Además, se preguntó cómo los nacionalistas pueden decir que Cataluña está oprimida y es una colonia. "¿Van a decir a la ONU que están oprimidos o que Duran vive en el Palace? ¿Tiene pinta de ser una persona colonizada y oprimida?".

En este sentido, agregó que "el preámbulo como ciencia ficción es entretenido" y calificó de "teatro" empezar así la legislatura en Cataluña. Por ello, anunció que "vamos a votar sí a la democracia, a la Constitución, al Estatuto y a la regeneración de España. Y esto hoy aquí se traduce en un no".

Razones y sinrazones de la autodeterminación

ene 13 17

Razones y sinrazones de la autodeterminación

El País | Andrés de Blas Guerrero

El incremento de las tensiones secesionistas en Cataluña obliga a plantearse con un mínimo de reposo la naturaleza del principio de autodeterminación. En la vida política hay conceptos e ideas que vienen acompañados de una presunción de legitimidad. Sucede esto con la idea de autodeterminación, más todavía con el derecho a decidir, muy por encima en la estima ciudadana de conceptos similares como el derecho de secesión o la misma llamada a la independencia nacional. No parece por ello fuera de lugar una breve reflexión sobre un principio de autodeterminación que tiene dos claras dimensiones no siempre congruentes: la interna, equivalente al derecho de autogobierno, entendiendo por tal el derecho de todo ciudadano a participar en la formación y control de su gobierno, y, con un pequeño toque de ilusionismo (decía R. Emerson), la externa, el derecho de un colectivo de personas a formar su propia organización política si así lo decide la voluntad mayoritaria de sus integrantes.

La desmesura de una concepción lata de la autodeterminación externa hace indispensable una especificación acerca de cuáles serían los colectivos en condiciones de ejercer el supuesto derecho a la creación de su propio orden político. En definitiva, de fijar el autos y el alcance del proceso determinante. Es el momento en que el derecho a la autodeterminación externa da paso a la recuperación del viejo principio de las nacionalidades. Serían los pueblos, entendidos como realidades étnico-culturales, que han trascendido a la condición de naciones a través de un proceso de toma de conciencia política, los que podrían aspirar al máximo de realización política en la forma de un Estado soberano.

Así acotado, este derecho sigue siendo un principio político de casi imposible aplicación. Si en el mundo pueden existir de 4.000 a 5.000 potenciales naciones culturales, atendiendo a la existencia de una lengua específica, ningún político responsable podrá admitir un principio que puede conducir a una voladura del mapa del mundo para dar paso a la plena realización política de las eventuales demandas de unas naciones así entendidas. El filósofo político todavía podría añadir otra razón a este límite impuesto por una elemental prudencia política. Se trataría de constatar la razón por la cual algunas singularidades culturales y no otras, las religiosas por ejemplo, podrían optar por un supuesto derecho a la autodeterminación externa.

El absurdo de un principio que en su desarrollo amenaza con desbordar los efectos potencialmente destructivos de un presunto derecho a la revolución, obliga a fijar los límites en que el mismo puede ejercerse. Hasta la II Guerra Mundial no hubo otros límites que los de la fuerza de los procesos de independencia, el aprovechamiento de las crisis de los imperios o la voluntad de las grandes potencias. Con la práctica de Naciones Unidas, el principio de la autodeterminación externa se pone al servicio de los procesos de descolonización. Las regulaciones complementarias del derecho internacional permiten ampliarlo a supuestos de opresión cultural o política, pero más allá de este marco, la autodeterminación externa constituye un principio sin fuerza normativa que lo respalde y, puede añadirse, sin justificación moral o política que lo avale. Entender este principio como el mero fruto de una voluntad política no justificada en alguno de los argumentos recogidos en el derecho internacional, además de un acto irreflexivo, chocaría con el principio de conservación y mantenimiento de las realidades estatales reconocido en ese marco jurídico.

En el caso español, los límites del derecho internacional y del sentido común a la práctica del principio de autodeterminación externa se ven complementados por un orden constitucional que en su artículo 2 reconoce la indisoluble unidad de la nación española y hace al pueblo español en su conjunto depositario de la soberanía. Quiere ello decir que la apelación a este principio por una parte del territorio español solamente puede abrirse paso, desde el punto de vista del derecho, mediante un proceso de reforma constitucional. Y desde el punto de vista de una sociedad democrática y desarrollada, mediante la explicación de las razones que llevan al cuestionamiento de un Estado y una nación seculares, presumiendo la inviabilidad de otros expedientes políticos de carácter liberal-democrático para solventar los hipotéticos problemas que aspiran a solucionarse mediante la voladura del Estado. Lo que a menudo se olvida en un planteamiento de pretensiones secesionistas aplicado al caso español es que el Estado de los españoles descansa en una legitimidad histórica, democrática y nacional que cuando menos es equiparable a la que puede amparar las pretensiones de separación. Lo que hace obligado el proceso de diálogo y negociación como vía de solución de cualquier contencioso de esta naturaleza.

La insistencia del nacionalismo catalán en la traumática vía de la autodeterminación externa hace que de modo comprensible surjan voces en Cataluña y en el resto de España que se manifiestan a favor de una consulta. Resultan muy convincentes las razones de los que piensan que esa consulta pondría de manifiesto la falta de apoyo mayoritario a las opciones secesionistas. El problema es que nuestro orden constitucional no deja hueco para la misma. El artículo 94 de la Constitución prevé un referéndum consultivo para “todos los ciudadanos”. Salvo que se pretenda conocer la voluntad del conjunto de los españoles sobre una eventual separación de Cataluña, parece evidente que el único cauce jurídico para la misma habría de ser la reforma de la Constitución. Pero más allá de la autoridad que se desprende de la observancia del Estado de derecho, creo que conviene insistir en la necesidad de una justificación de la demanda de secesión que haga inviables los expedientes a favor del pluralismo cultural y político previstos en el ordenamiento constitucional. Sin esta justificación y su posterior discusión, el conjunto de los españoles no podrá tomarse en serio las pretensiones de una parte de la sociedad catalana y no podrá, en consecuencia, pensar en las posibles soluciones a las mismas.

Andrés de Blas Guerrero es catedrático de Teoría del Estado en la UNED

Sobre un supuesto derecho

ene 13 16

Sobre un supuesto derecho

La Vanguardia | Francesc de Carreras

Parece que en Catalunya una mayoría parlamentaria, en la que se incluyen al parecer los socialistas, es favorable al llamado derecho a decidir. Es más, lo encuentran como algo natural y evidente, implícito en la misma esencia de la democracia. Incluso se llega a decir que, a pesar de que las leyes no lo permitan, el derecho a decidir es siempre legítimo desde un punto de vista democrático, invocando así una legitimidad democrática al margen de la legalidad vigente. Tales afirmaciones muestran la gran confusión sobre el significado de todos estos términos. En este artículo intentaremos averiguar qué se oculta tras el tan traído y llevado derecho a decidir.

En primer lugar, la función primordial de los poderes públicos –legislativos, ejecutivos y judiciales– es tomar decisiones: para ello están las leyes y reglamentos, los actos administrativos y las resoluciones judiciales. Todas estas normas son decisiones que vinculan obligatoriamente a los ciudadanos y a los demás poderes públicos. Su legitimidad deriva de que se adecuen a la legalidad, es decir, que sean dictadas por el órgano competente, a través de los procedimientos previstos y, de acuerdo con el principio de jerarquía normativa, sin oponerse al contenido de una norma superior. Pero el tan invocado derecho a decidir no creo que se refiera a este tipo de decisiones regulares de los poderes públicos. Supongo que se refiere a otra cosa.

Se me objetará: de lo que se trata es de que sean los ciudadanos, no los poderes públicos, quienes decidan, de eso hablamos cuando reclamamos el derecho a decidir. Pues bien, en la toma de decisiones que hemos descrito son los ciudadanos quienes deciden de forma indirecta a través del ejercicio de diversos derechos políticos: libertad de expresión, reunión, manifestación, asociación y participación. Las cuatro primeras se limitan –y no es poco– a influir en la toma de decisiones por parte de los poderes públicos. La quinta, el derecho de participación política, en su sentido estricto de derecho electoral, hace que el ciudadano decida en un aspecto clave: sobre la composición de las cámaras parlamentarias. Las elecciones son el instrumento que legitima democráticamente a todo el Estado, al conjunto de poderes políticos, administrativos y judiciales.

En todo caso, si bien los ciudadanos están constitucionalmente situados por encima de estos poderes –dado que la soberanía, el poder supremo, reside en el pueblo–, la idea de Estado de derecho presupone que estos mismos ciudadanos estén sometidos, al igual que los poderes públicos, a las normas que estos aprueban, ya que en conocida frase de Rousseau, obedecer a las normas “no es más que obedecerse a sí mismos”, ya que son ellos, los ciudadanos, quienes les han dado su consentimiento. Este es, en definitiva, el orden democrático representativo en el cual sólo aquello que es legal es jurídicamente legítimo, ya que sólo son las leyes quienes determinan los derechos y deberes de las personas y las competencias de los poderes.

Pero además, como excepción a la democracia representativa, también los ciudadanos pueden decidir de forma directa, en especial a través de los referéndums, es decir, del derecho a voto sobre una pregunta a la que debe contestarse de forma positiva o negativa, con un sí o un no. Es a eso, y sobre una materia determinada, la separación de España, que en Catalunya se habla de “derecho a decidir”. Es decir, los ciudadanos deciden ejerciendo derechos, las instituciones públicas dictando normas de todo tipo, pero se intenta dar la apariencia de que los catalanes sólo van a decidir realmente en un referendo sobre la independencia de Catalunya. ¿Por qué? A mi modo de ver porque con el término específico derecho a decidir se oculta otro derecho que está regulado en los tratados internacionales y que no es de aplicación a Catalunya. Se trata del derecho a la autodeterminación, sólo admisible en situaciones coloniales o en aquellas otras en las que un Estado niegue los más elementales derechos a sus ciudadanos. Como es obvio, nada de ello sucede en Catalunya. Por tanto, el derecho a decidir –si por derecho entendemos algo que las leyes vigentes regulan y no un derecho natural o divino propio de épocas premodernas– es un derecho inexistente, un supuesto derecho, sólo inventado como instrumento de lucha ideológica pero sin base jurídica alguna.

No pueden, pues, los ciudadanos catalanes tomar una decisión sobre su independencia que, inevitablemente, vincularía a terceros, en concreto al resto de España y a la Unión Europea. Una decisión de este tipo, además de ilegal sería irrazonable, ya que tal decisión, al afectar a otros, obviamente debe contar con su acuerdo. Sólo mediante una reforma constitucional, según el procedimiento previsto en la propia Constitución, que implica necesariamente la ratificación del pueblo español, sujeto en el que reside la soberanía, podría en su caso decidir sobre la independencia de Catalunya. En este pueblo español están también incluidos, como se sabe, los ciudadanos catalanes.

Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB

Cataluña sin España

Cataluña sin España

El País | Antonio Elorza

 Cuando en 1927 el joven Pierre Vilar se instala en una residencia para investigadores de Barcelona, no deja de sorprenderle la actitud del conjunto de residentes en relación a España, algo tanto más significativo cuanto que entre ellos encuentran personalidades como Pompeu Fabra y Nicolau d’Olwer. El castellano era para ellos una lengua extranjera, reservada para los iberoamericanos; con otros no catalanes, preferían hablar en francés o inglés. Explicaban puntualmente los rasgos culturales de Cataluña y sus grandes hitos históricos, las derrotas de 1689 y 1714, vinculándolas a la opresión de la Dictadura. Ser de Montpellier, la patria de Jaume el Conqueridor, le valía a Vilar gestos de simpatía. Prohibido entonces El Segadors, escuchaban emocionados el Canto de la Senyera. La rivalidad con Madrid constituía un tema obsesivo. “Desgraciadamente para España”, concluye Pierre Vilar, “el enfrentamiento entre Cataluña y Castilla, visto por un testigo francés, se parece menos a las bromas amistosas entre Norte y Sur que al diálogo de sordos de las tensiones internacionales”.

 Recordé estas notas cuando hace diez años leí algunos de los artículos y discursos con que Pasqual Maragall sentaba las bases doctrinales de su reforma estatutaria. Me sorprendió la fusión de elementos de modernidad, tales como el diseño de una región supranacional en torno al eje mediterráneo, con las referencias apolilladas a la Corona de Aragón, lo cual no era inocuo, pues Murcia quedaba eliminada, por muy mediterránea que fuera, y en cambio estaba ahí la referencia a Montpellier, por lo de don Jaime, como si fuera su estatua la que preside el ingreso en la ciudad, y no la de Luis XIV. Ni más ni menos que “la Corona de Aragón que nos llega del futuro”. Pensemos también en aquel socialista catalán que cuando se dirigía a Toulouse —perdón, Tolosa del Llenguadoc— se emocionaba al iluminar los faros el letrero de Muret, lugar de la batalla que en 1213 frustró un Estado occitano-catalán. Todo propio de conservadores posrománticos.

La diferencia entre ambas es que la de Maragall se convirtió en lanzadera de un proceso histórico cuyo punto de llegada se aparta claramente de su intención, que parecía consistir en la confluencia de las aspiraciones nacionales de Cataluña con la renovación de España, “la Catalunya gran en la Espanya plural”, en la línea de Prat de la Riba y de Cambó. Solo que el discurso sobre España subía a las nubes de los sentimientos, mientras que para Cataluña se trataba de un salto en el poder, a la federación asimétrica (léase confederación) que si España la acogía con “amor” (sic) produciría óptimos resultados. Probablemente sin enterarse de nada, en medio de la hojarasca maragalliana, Zapatero estaba dispuesto a ofrecer ese amor, solo que luego las cosas no serían tan fáciles.

Detrás de Maragall se encontraba además su amigo Rubert de Ventós, quien sintiéndose forastero como senador socialista en Madrid, se entregó a una predicación aun inconclusa, que tuve ocasión de presenciar asombrado el año 2000 en la Universidad de Columbus, al escuchar cómo Cataluña se manifestaba a través de sus palabras, para mostrar la evidente incompatibilidad entre Cataluña y España. Un verdadero iluminado que, tras ser el primero en recibir a Mas en su regreso de la entrevista con Rajoy, sigue escribiendo cosas tales como que se siente “crucificado por el AVE”, al ser radial, y que las fronteras son fruto de “la sangre de los soldados y del semen de los emperadores”. Pues este hombre, en tiempos lúcido lector de Hegel, fue el autor en 1999 del libro-programa De la identitat a la independència, prologado por Maragall, y anuncio de la lógica política que rige el preámbulo al proyecto de Estatut en 2004, donde hay una nación y media —Cataluña y el valle de Arán— y otra tan inexistente que ni siquiera merece ser mencionada, España. Más allá de los recortes introducidos, semejante lógica dualista presidirá todo el proceso estatutario y pos-estatutario. Las manifestaciones del “Som una naciò” en 2010 o la reciente de la Diada, por no hablar del editorial colectivo de 2009, La dignitat de Catalunya, responden a ese dualismo insuperable. No son el origen de nada.

En La dignitat de Catalunya, una frase perdida da la clave: “No existe la justicia absoluta, sino solo la justicia del caso concreto”. Léase inhabilitación del TC para modificar el Estatut. No importaba el contenido de los recortes, avales sin embargo de lo esencial del texto, al cual introducían “en el marco constitucional”. Por el solo hecho de serlo, la sentencia lo era “contra el Estatut”, según afirmó un constitucionalista en estas páginas, sin molestarse en abordar el menor análisis del contenido de lo reformado. Al modo del soviético Suslov cuando en 1968 los comunistas checos proponían modificaciones a su diktat, la respuesta no requería una lectura previa: “No sirven”. En el orden simbólico, la Constitución ya no existía. Como ahora, en el plano real. Catalunya sin España.

Volviendo la mirada hacia atrás, hay que tener en cuenta las observaciones antes mencionadas de Pierre Vilar, y reconocer en consecuencia el esfuerzo de la izquierda catalana, tanto del PSUC como de los socialistas, para superar un distanciamiento y un menosprecio hacia España muy arraigados en Cataluña, desde los tiempos de Lo catalanisme de Almirall. Además, no era una actitud construida sobre el vacío. Cataluña había sido en el siglo XIX la vanguardia de la modernización ibérica, pero adecuándose al atraso español, no superándolo. El eje Milán-Turín hizo Italia, Barcelona “impuso el proteccionismo en España”, en palabras de Cambó. Con el crecimiento económico y la democracia, y, claro, la autonomía, parecían sentadas las bases de un equilibrio, pero ello no eliminó las raíces intelectuales de la fractura, intensificada por la presión catalanista que tras la euforia de la Transición acabó atrayendo a los intelectuales socialistas y excomunistas.

 Fue así la incapacidad de la izquierda para lograr la cuadratura del círculo, conjugando catalanismo y socialismo, lo que abrió la puerta, sobre el telón de fondo de la crisis, al proceso puesto en marcha por Mas.

Y en el socialismo, a la confusión sucedió el oportunismo, hoy clave para la huida hacia adelante de la independencia. Con la ayuda de sus constitucionalistas anticonstitucionales, Rubalcaba ha encontrado la fórmula perfecta: desde su pasividad, dirá que no a la separación, pero jugando con el a burro muerto cebada al rabo de su indeterminado federalismo y dando luz verde a que el PSC proporcione el apoyo decisivo ante Europa a la “transición nacional” (otra idea de Rubert de Ventós) por parte del PSC. Así, desde unas innegables buenas intenciones, el caos intelectual del PSOE y del PSC hace inevitable la catástrofe.

Antonio Elorza es catedrático de Ciencia Política.

¿Sombras o certezas?

ene 13 21

¿Sombras o certezas?

El País | Jorge Trías Sagnier

Todo son lugares comunes pero nadie, ni desde el Gobierno o los partidos afectados, ha dado una explicación convincente de lo que está ocurriendo. Quizás, la vicepresidenta Santamaría: “A mí, que me registren”. Porque ella, y algún otro u otra ministra o ministro, sí que están limpios de polvo y paja. Este asunto viene de lejos y no se ha querido —porque se pudo— resolver. Ahora ya no es tiempo de lamentos sino de explicaciones. Y rápidas.

En la primera legislatura de Aznar, la VI, había una Comisión o Subcomisión en el Congreso a la que yo pertenecí en la que estaban el diputado socialista Fernández Marugán, Jaime Ignacio del Burgo y alguien más que no recuerdo. El escándalo Filesa, que tanto azuzó el PP —y Rato especialmente—, era aún un asunto muy cercano. Los socialistas lo habían pagado caro y Marugán, hombre cabal, barbado y honesto, era muy consciente de ello. Decidimos que había que modificar el sistema de financiación de los partidos políticos y la ley que lo regulaba.

Recuérdese que estaban permitidas entonces las donaciones anónimas. Así se financiaban, además de las asignaciones públicas, prácticamente todos los partidos, lo cual daba lugar a todo tipo de corruptelas, enjuagues y corrupciones. No fue posible entonces acabar con ese sistema. No se quiso poner el cascabel al gato. Y, desde luego, había gato encerrado. CiU, de quien dependía el PP para poder gobernar, se opuso rotundamente. Si mi memoria no me falla, las donaciones anónimas terminaron en la etapa de Zapatero, que no todo lo hizo mal, ni mucho menos ahora el PP, y especialmente su extesorero Luis Bárcenas —con quien he recorrido montañas, he tenido larguísimas conversaciones y a cuya amistad no renuncio sea cual sea su futuro—, están sometidos a un escrutinio lógico. Deben, pues, aclarar y explicar el sistema de financiación para que podamos creerles. Y la oposición, toda ella, debe también contar públicamente —el Partido Socialista especialmente— si usaban, así mismo, de esas malas prácticas.

Hace aproximadamente un año publiqué un artículo en este diario que tuvo una enorme repercusión en el que contaba algunas cosas que sabía por haber intentado ayudar al juez Pedreira, enfermo y sin medios materiales en el juzgado, que intentó realizar una investigación clara. Pudo a medias. En el PP sentó muy mal ese artículo mío. Afortunadamente, ahora, el juez número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, siguiendo la estela de lo que había iniciado su antecesor Baltasar Garzón, intenta aclarar el escándalo de la financiación del Partido Popular. Confiamos muchos en que ni la Fiscalía Anticorrupción ni el juez se arredrarán ante las presumibles presiones que van a sufrir. El fiscal general es hombre cabal y con arrestos, y el juez es hombre lento, pero seguro.

¡Vaya historia!: el juez que inició la investigación, honrado en toda Hispanoamérica y en la Corte Penal Internacional, Baltasar Garzón, fue apartado y condenado por unas escuchas que, a mi juicio, fueron muy limitadas y estaban más que justificadas. Y el juez del Tribunal Superior de Justicia, Antonio Pedreira, quedó postrado en el lecho del dolor y olvidado. La dignidad tiene su precio. Pero la verdad se va abriendo paso.

Sigamos, pues, con lo que quiero decir. Al margen de lo que hagan los fiscales y jueces, el Partido Popular tiene que explicar con pelos y señales los medios con los que se financiaban. Francisco Álvarez-Cascos, ex secretario general; Ángel Acebes, excoordinador general; Javier Arenas y María Dolores de Cospedal, sucesivos secretarios generales del PP; líderes autonómicos afectados por este caso u otros; y, por supuesto, José María Aznar y Mariano Rajoy, presidentes sucesivos del PP, deben dar una explicación convincente. Por supuesto, también deben hacerlo Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas, otro tesorero cuyo nombre no recuerdo que le sucedió interinamente, Romay y la actual tesorera.

No podemos tener esa desagradable sensación de que fuimos ingenuamente engañados quienes les defendimos en medio del tornado. Ellos tienen los documentos o información suficiente. Llevaban esa contabilidad B, cuando la hubo, de las donaciones personificadas y de las anónimas —legales hasta hace unos cuatro o cinco años— y de a quiénes o a qué menesteres se destinaba ese dinero. No pueden esconderse ni mentir.

Y todos los destinatarios deberían hacer públicas sus declaraciones de renta para que la Agencia Tributaria determine si estaban declaradas. Y en el caso de que no lo hubiesen sido, y si incurrieron en un posible delito fiscal, que la Agencia Tributaria envíe el asunto al Juzgado numero 5 que, según parece, es indiscutiblemente el competente.

Por lo que yo pude saber, y ya conté en estas páginas de forma sucinta, sí se entregaban sobres con dinero en efectivo que servían como complemento del sueldo que percibían algunos dirigentes. Creo que la cantidad máxima eran unos 10.000 euros al mes o su equivalente en pesetas antes de la moneda única. De ahí hacia abajo se percibían cantidades menores, según los cargos y responsabilidad. La mayoría de diputados y dirigentes del PP no percibía nada de esas cantidades. Y es por ellos, y especialmente por quienes les votaron, por lo que deberían dar una explicación, tanto Cospedal como Rajoy, que son quienes ahora dirigen el partido.

Es posible que ellos acabasen con esas malas prácticas, es posible, pero también deberían explicar si al principio de sus mandatos respectivos percibieron alguna cantidad de esa opaca procedencia. En resumen: queremos saber la lista de donantes y la de receptores. Nos la deben quienes fueron nuestros dirigentes, amigos algunos de ellos, e incluso aquellos que, pase lo que pase, lo seguirán siendo.

Es posible que ninguno de los perceptores, si no hubiese declarado esas cantidades que recibían en metálico, haya incurrido en delito fiscal, pues la cuota posiblemente defraudada, por lo que yo conozco, no llega al límite del delito. Pero en cualquier caso el escándalo está servido y España y los españoles, tenemos derecho a conocer lo que se hizo con ese dinero público. Y Bárcenas, que tiene un buen abogado, debería explicar de dónde salía ese dinero y si las empresas que se acogieron a la amnistía fiscal eran suyas o de más personas, pues probablemente, y como consecuencia del generoso sueldo que cobraba, pueda tener una explicación que le aparte definitivamente del delito. Callar, a veces, es complicidad. Otra cosa son las responsabilidades políticas, que el PSOE, con Rubalcaba a la cabeza, debe pedir con firmeza y no con la boca chica como lo viene haciendo hasta ahora, pues da la sensación de que ellos también tienen algo que ocultar.

El sistema constitucional español es lo suficientemente fuerte para soportar una crisis política de esta magnitud. Hay personas muy cualificadas, tanto en el Gobierno, en el PP, y en el PSOE, para sustituir a quienes deban caer, con delito o sin delito, por este monumental escándalo. “Que cada palo aguante su vela”, afirmó la secretaria general, María Dolores de Cospedal. Efectivamente, y ella la segunda. Pues el primero que nos debe una explicación es el jefe del PP, Mariano Rajoy. Es una cuestión de patriotismo y de ejemplaridad, como diría el filósofo Javier Gomá. Y de honor. Si no creemos en quienes gobiernan la nación, ¿cómo podrán soportar los ciudadanos tantos sacrificios como se les están exigiendo?

Jorge Trías Sagnier es exdiputado del Partido Popular.

El que esté libre de pecado que tire la primera piedra y se resguarde del posible rebote.

TRÍAS SAGNIER, BÁRCENAS, RAJOY, COSPEDAL

Luis María ANSON

 Mantengo amistad con Jorge Trías Sagnier desde hace más de cincuenta años. Es político serio, excelente abogado, buen escritor y poeta no desdeñable. El artículo que ha publicado en El País es un modelo de prudencia y de honradez.

Trías Sagnier da su testimonio personal y asegura que hubo sobrecogedores en el PP. De 10.000 euros hacía abajo, dirigentes de distinta dimensión cobraron sobresueldos o propinas. “Queremos saber la lista de donantes y de perceptores”, afirma Trías con rotundidad. La opinión pública aspira a conocer esos nombres y también las cantidades entregadas y recibidas. De manera muy especial la inmensa mayoría honrada de cargos del PP y los militantes están que braman ante lo que se ha descubierto y que pone en evidencia prácticas especialmente deleznables.

Trías Sagnier señala a todos los que han tenido responsabilidad en los últimos años y los cita con nombres y apellidos. No excluye ni a Mariano Rajoy ni a María Dolores de Cospedal. Ambos tienen la obligación política y moral de aclarar las cosas sin veladuras ni tapujos.

Ah, y que Rubalcaba aguante también su vela porque el Partido Popular va a aclarar si los dirigentes socialistas recibían o no sobresueldos en dinero negro, así como otras corruptelas. El viaje con que los populares han obsequiado a Elena Valenciano, acusándola de nepotismo descarado, es solo la entrada en un presunto estercolero que también puede apestar.

Luis María ANSON

de la Real Academia Española

 Un exdiputado denuncia el pago de sobresueldos en la cúpula del PP

Jorge Trías Sagnier asegura que el partido entregaba sobres con dinero en efectivo, de hasta 10.000 euros al mes, como complemento de sueldo para algunos dirigentes

    'Sombras o certezas', el artículo de Jorge Trías Sagnier

El País Madrid 21 ENE 2013 - 03:00 CET6532

El abogado y exdiputado del PP Jorge Trías Saigner en 2001. / GUSTAVO CUEVAS (EFE)

Jorge Trías Sagnier, diputado del Partido Popular en la legislatura 1996-2000 y actualmente abogado en ejercicio, denuncia en un artículo que hoy publica EL PAÍS la existencia de sobresueldos de hasta 10.000 euros al mes que se repartían en la cúpula del PP.

El dinero, según esta versión, se entregaba “en efectivo y en sobres”, y la cantidad variaba en función de los “cargos y las responsabilidades”. El relato de Trías Sagnier, el primero avalado con nombre y apellidos desde que estalló el escándalo de los sobresueldos opacos, sostiene que los extesoreros del PP Álvaro Lapuerta (de 1993 a 2008) y Luis Bárcenas “llevaban una contabilidad B tanto de las donaciones personificadas como de las anónimas, y de a quiénes o a qué menesteres se destinaba ese dinero” —esto es, “una lista de donantes y receptores”—.

El exgerente y extesorero nacional del PP Luis Bárcenas, con quien Trías Sagnier declara tener amistad, ha sido el hombre clave en las finanzas del PP durante 20 años. Apartado de los cargos por su imputación en el caso Gürtel, la investigación judicial ha destapado que llegó a ocultar hasta 22 millones de euros en cuentas suizas junto con otros socios aún no identificados; una parte importante de este dinero ha sido regularizado gracias a la amnistía fiscal.

 Las cantidades variaban en función de los cargos y las responsabilidades

Tras conocerse esta semana su fortuna oculta en Suiza, saltaron a la luz las acusaciones vertidas por el entorno de Bárcenas de que la cúpula del PP recibía los citados sobresueldos, extremo negado por los máximos dirigentes populares. El abogado y exdiputado del PP señala que la recepción de este dinero, en caso de no haber sido declarado, no implica necesariamente un delito, debido a que la cuota defraudada quedaría por debajo del umbral delictivo.

Trías Sagnier, cuya mediación en el caso Gürtel entre el juez Pedreira y Rajoy generó polémica hace un año, reconoce en Luis Bárcenas un amigo con quien ha recorrido “montañas y tenido larguísimas conversaciones”.

El exdiputado popular pide tanto a Dolores de Cospedal como a Mariano Rajoy que, aunque ellos hayan acabado con la práctica del reparto de sobres para la cúpula del partido, den explicaciones en detalle a los ciudadanos y a los propios afiliados y miembros del PP. Que aporten toda la información de la que disponen para despejar las dudas que han surgido sobre lo sucedido en el seno del Partido Popular. “Si no creemos en quienes gobiernan la nación, ¿cómo podrán soportar los ciudadanos tantos sacrificios como se les están exigiendo?”, concluye.

¿Sombras o certezas?

JORGE TRÍAS SAGNIER

Todo son lugares comunes pero nadie, ni desde el Gobierno o los partidos afectados, ha dado una explicación convincente de lo que está ocurriendo. Quizás, la vicepresidenta Santamaría: “A mí, que me registren”. Porque ella, y algún otro u otra ministra o ministro, sí que están limpios de polvo y paja. Este asunto viene de lejos y no se ha querido —porque se pudo— resolver. Ahora ya no es tiempo de lamentos sino de explicaciones. Y rápidas.

En la primera legislatura de Aznar, la VI, había una Comisión o Subcomisión en el Congreso a la que yo pertenecí en la que estaban el diputado socialista Fernández Marugán, Jaime Ignacio del Burgo y alguien más que no recuerdo. El escándalo Filesa, que tanto azuzó el PP —y Rato especialmente—, era aún un asunto muy cercano. Los socialistas lo habían pagado caro y Marugán, hombre cabal, barbado y honesto, era muy consciente de ello. Decidimos que había que modificar el sistema de financiación de los partidos políticos y la ley que lo regulaba.

Recuérdese que estaban permitidas entonces las donaciones anónimas. Así se financiaban, además de las asignaciones públicas, prácticamente todos los partidos, lo cual daba lugar a todo tipo de corruptelas, enjuagues y corrupciones. No fue posible entonces acabar con ese sistema. No se quiso poner el cascabel al gato. Y, desde luego, había gato encerrado. CiU, de quien dependía el PP para poder gobernar, se opuso rotundamente. Si mi memoria no me falla, las donaciones anónimas terminaron en la etapa de Zapatero, que no todo lo hizo mal, ni mucho menos.

Ahora el PP, y especialmente su extesorero Luis Bárcenas —con quien he recorrido montañas, he tenido larguísimas conversaciones y a cuya amistad no renuncio sea cual sea su futuro—, están sometidos a un escrutinio lógico. Deben, pues, aclarar y explicar el sistema de financiación para que podamos creerles. Y la oposición, toda ella, debe también contar públicamente —el Partido Socialista especialmente— si usaban, así mismo, de esas malas prácticas.

Hace aproximadamente un año publiqué un artículo en este diario que tuvo una enorme repercusión en el que contaba algunas cosas que sabía por haber intentado ayudar al juez Pedreira, enfermo y sin medios materiales en el juzgado, que intentó realizar una investigación clara. Pudo a medias. En el PP sentó muy mal ese artículo mío. Afortunadamente, ahora, el juez número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, siguiendo la estela de lo que había iniciado su antecesor Baltasar Garzón, intenta aclarar el escándalo de la financiación del Partido Popular. Confiamos muchos en que ni la Fiscalía Anticorrupción ni el juez se arredrarán ante las presumibles presiones que van a sufrir. El fiscal general es hombre cabal y con arrestos, y el juez es hombre lento, pero seguro.

¡Vaya historia!: el juez que inició la investigación, honrado en toda Hispanoamérica y en la Corte Penal Internacional, Baltasar Garzón, fue apartado y condenado por unas escuchas que, a mi juicio, fueron muy limitadas y estaban más que justificadas. Y el juez del Tribunal Superior de Justicia, Antonio Pedreira, quedó postrado en el lecho del dolor y olvidado. La dignidad tiene su precio. Pero la verdad se va abriendo paso.

Sigamos, pues, con lo que quiero decir. Al margen de lo que hagan los fiscales y jueces, el Partido Popular tiene que explicar con pelos y señales los medios con los que se financiaban. Francisco Álvarez-Cascos, ex secretario general; Ángel Acebes, excoordinador general; Javier Arenas y María Dolores de Cospedal, sucesivos secretarios generales del PP; líderes autonómicos afectados por este caso u otros; y, por supuesto, José María Aznar y Mariano Rajoy, presidentes sucesivos del PP, deben dar una explicación convincente. Por supuesto, también deben hacerlo Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas, otro tesorero cuyo nombre no recuerdo que le sucedió interinamente, Romay y la actual tesorera.

No podemos tener esa desagradable sensación de que fuimos ingenuamente engañados quienes les defendimos en medio del tornado. Ellos tienen los documentos o información suficiente. Llevaban esa contabilidad B, cuando la hubo, de las donaciones personificadas y de las anónimas —legales hasta hace unos cuatro o cinco años— y de a quiénes o a qué menesteres se destinaba ese dinero. No pueden esconderse ni mentir.

Y todos los destinatarios deberían hacer públicas sus declaraciones de renta para que la Agencia Tributaria determine si estaban declaradas. Y en el caso de que no lo hubiesen sido, y si incurrieron en un posible delito fiscal, que la Agencia Tributaria envíe el asunto al Juzgado numero 5 que, según parece, es indiscutiblemente el competente.

Por lo que yo pude saber, y ya conté en estas páginas de forma sucinta, sí se entregaban sobres con dinero en efectivo que servían como complemento del sueldo que percibían algunos dirigentes. Creo que la cantidad máxima eran unos 10.000 euros al mes o su equivalente en pesetas antes de la moneda única. De ahí hacia abajo se percibían cantidades menores, según los cargos y responsabilidad. La mayoría de diputados y dirigentes del PP no percibía nada de esas cantidades. Y es por ellos, y especialmente por quienes les votaron, por lo que deberían dar una explicación, tanto Cospedal como Rajoy, que son quienes ahora dirigen el partido.

Es posible que ellos acabasen con esas malas prácticas, es posible, pero también deberían explicar si al principio de sus mandatos respectivos percibieron alguna cantidad de esa opaca procedencia. En resumen: queremos saber la lista de donantes y la de receptores. Nos la deben quienes fueron nuestros dirigentes, amigos algunos de ellos, e incluso aquellos que, pase lo que pase, lo seguirán siendo.

Es posible que ninguno de los perceptores, si no hubiese declarado esas cantidades que recibían en metálico, haya incurrido en delito fiscal, pues la cuota posiblemente defraudada, por lo que yo conozco, no llega al límite del delito. Pero en cualquier caso el escándalo está servido y España y los españoles, tenemos derecho a conocer lo que se hizo con ese dinero público. Y Bárcenas, que tiene un buen abogado, debería explicar de dónde salía ese dinero y si las empresas que se acogieron a la amnistía fiscal eran suyas o de más personas, pues probablemente, y como consecuencia del generoso sueldo que cobraba, pueda tener una explicación que le aparte definitivamente del delito. Callar, a veces, es complicidad. Otra cosa son las responsabilidades políticas, que el PSOE, con Rubalcaba a la cabeza, debe pedir con firmeza y no con la boca chica como lo viene haciendo hasta ahora, pues da la sensación de que ellos también tienen algo que ocultar.

El sistema constitucional español es lo suficientemente fuerte para soportar una crisis política de esta magnitud. Hay personas muy cualificadas, tanto en el Gobierno, en el PP, y en el PSOE, para sustituir a quienes deban caer, con delito o sin delito, por este monumental escándalo. “Que cada palo aguante su vela”, afirmó la secretaria general, María Dolores de Cospedal. Efectivamente, y ella la segunda. Pues el primero que nos debe una explicación es el jefe del PP, Mariano Rajoy. Es una cuestión de patriotismo y de ejemplaridad, como diría el filósofo Javier Gomá. Y de honor. Si no creemos en quienes gobiernan la nación, ¿cómo podrán soportar los ciudadanos tantos sacrificios como se les están exigiendo?

Jorge Trías Sagnier es exdiputado del Partido Popular.

Arde con facilidad

SALVADOR SOSTRES

Arde con facilidad

La última encuesta sobre la intención de voto de los catalanes publicada ayer por El Periódico reflejaba la caída libre en que se encuentra CiU, que perdería hasta 10 diputados, quedándose con sólo 40. De ello se aprovecha ERC, que llegaría a los 27 o 28 diputados, su mejor registro desde la recuperación de la democracia.

El independentismo retrocede levemente, herido por la incompetencia de sus líderes. Artur Mas está haciendo el peor ridículo de la política catalana, y ahora ya propone que la consulta secesionista no tenga vinculación jurídica, lo que, además de ser un insulto a la inteligencia, es el paso previo a reconocer en público lo que ya ha reconocido en privado: y es que el referéndum no va a celebrarse porque no existe ningún modo serio de poderlo convocar.

ERC recoge parte del descontento que CiU genera, pero la suma de los dos partidos (40+28) da tres escaños menos que en las pasadas elecciones (50+21), que, a su vez, ya había menguado un diputado respecto de los comicios de 2010 (62+10). Los partidos marginales, como los comunistas y las CUP, no pueden meterse en la misma suma porque ni son lo mismo ni es predecible cómo se comportarían en el improbable caso de que llegara la hora de la verdad.

Esta vez no se puede acusar a España de haber dinamitado ningún proceso. Mariano Rajoy se ha limitado a fumarse un puro mientras contemplaba el espectáculo. Es cierto que los sobres de Bárcenas le han dejado en la posición más débil y que, si Mas fuera inteligente, podría aprovecharlo. Pero ni Mas es inteligente ni está rodeado de personas que lo sean. De un tiempo a esta parte, puede decirse de los catalanes lo que Bill Clinton dijo de los palestinos, que no perdían ninguna oportunidad de perder una oportunidad. Cuando no hay calidad, esto es lo que sucede.

Mas empezó a perder el día que confundió una manifestación con un país, el día que quiso sacar ventaja de las sinceras y legítimas ansias independentistas de una parte de los catalanes para remontar unas encuestas internas que le eran desfavorables (54-57 diputados, a finales de julio), aunque no tanto como el resultado que finalmente obtuvo (50), porque muchos le vieron el plumero, y el oportunismo y la mentira que su campaña representaba y contenía, y prefirieron votar a ERC, que hizo un planteamiento mucho más honesto intelectual y políticamente.

Esquerra siempre funciona bien en la oposición. Mucho mejor, de hecho, y éste es su drama, que cuando está en el poder. Si la historia se repite, y es probable que se repita, la creciente confianza que los votantes independentistas van depositando en ERC se volverá contra ellos cuando su partido llegue al poder y destroce la economía con impuestos imposibles y eternice el victimismo autonomista en lugar de dar forma y camino a la independencia que tanto reclama, y con tanta prisa, cuando no tiene ninguna responsabilidad de gobierno.

Convergència ha jugado a un juego demasiado grande y con hombres demasiado pequeños. Con estos ingredientes, y estos patanes, el desastre era de esperar. Es lo que Nacho Vegas dijo en un concierto que ofreció en el Liceo junto a Bunbury, cuando el público hizo aquello de prender sus mecheros para acompañar una canción emblemática: «Tened cuidado, que esto arde con facilidad».