Los trapos sucios de Bankia y otros más;
por Javier Gómez de Liaño, abogado y magistrado en excedencia
24/05/2012
El día 24 de mayo de 2012, se ha
publicado en el diario El Mundo, un artículo de Javier Gómez de Liaño, en el
cual el autor afirma que los españoles, en general, tienen absoluto derecho a
saber qué ha pasado con la antigua Caja Madrid y sus accionistas, en
particular, a la defensa de lo que es suyo.
LOS TRAPOS SUCIOS DE BANKIA Y OTROS MÁS
A José Luis Gutiérrez, sin fuego ya en
el volcán de su corazón.
Resulta que un banco de nombre comercial
Bankia, surgido en 2010 mediante una operación financiera conocida como fusión
fría, pero que, al fin y al cabo, consistió en la unión de siete cajas de
ahorro -las dos grandes eran Caja Madrid y Bancaja- aglutinadas con el título
de Banco Financiero y de Ahorros, ha sido nacionalizado.
La entidad gestionaba unos 340.000
millones de euros de activos y al parecer recibió del Frob -acrónimo de Fondo
de Reestructuración Ordenada Bancaria- una ayuda por importe aproximado de
4.500 millones de euros, más, según dicen, lo que te rondaré, morena.
España es un país sorprendente y a mí,
que lo conozco bien -entre otros motivos, por mi condición de funcionario en
tiempos pretéritos-, me mantiene en una especie de asombro perpetuo.
Una de las cosas que más me pasman de
él es su capacidad de superación en el difícil arte de la trampa, que, al menos
en teoría, debiera haberse desterrado para siempre con la democracia.
Sin embargo, no ha sido así y la
propia picaresca de políticos, empresarios y financieros de escasos escrúpulos
ha supuesto una gran oportunidad para beneficiarse a costa de quienes, en su
honesta sencillez y pobreza de conocimientos, se estremecían con la complejidad
de términos como el PIB, la balanza de pagos, el déficit público, la tendencia
alcista del índice del coste de la vida, la inflación galopante, la deuda
pública o la prima de riesgo.
No quiero señalar a nadie porque nadie
soy para juzgar a nadie y menos para acusar a nadie.
Durante los casi trece años
transcurridos desde que empecé a escribir en EL MUNDO, el paciente lector habrá
podido comprobar que mis opiniones sobre los diferentes asuntos que he tratado
se expresaron, salvo en media docena de ocasiones que requerían un tono
diferente, con la prudencia y buenos modos que cabe exigir a un hombre algo
mayor y dedicado a cuestiones de leyes y justicia, que son mis circunstancias.
Dicho lo cual, quisiera dejar constancia
escrita de una pregunta que reconozco no es nada ingenua. ¿Está el Gobierno
decidido a limpiar el mundo de los dineros y a terminar con los favores,
chanchullos, trapacerías y gatuperios que, por lo que se lee y oye, son moneda
corriente?
En foros y encuentros especializados
se dice que de varias cajas de ahorros han volado miles de millones de euros
que nadie o casi nadie sabe dónde están o, si alguien lo sabe, se lo calla, y
en tertulias, corros, peñas y mentideros se susurra que don Fulano, don
Mengano, don Zutano y don Perengano, todos ellos altos responsables de
entidades financieras de ahorro se llevaron a donde fuere lo que no les
correspondía y, según todas las apariencias, sigue sin corresponderles. Los que
tenemos cierta edad sabemos de banqueros que se marcharon a su casa o para el
otro mundo, con lo puesto. Mas, por desgracia, también conocemos otras gentes
de las que quizá fuera imposible pensar lo mismo.
El Gobierno, si quiere contar con el
crédito que, a tenor de las encuestas, cada día que pasa se devalúa, debería
hacer un esfuerzo de valentía política y sacar a la luz, sin miedo a sus
consecuencias, la mugre que puede estar almacenada durante años en balances y
cuentas anuales, anegando a las instituciones financieras en un ambiente
irrespirable.
Las verdaderas secuelas dimanan no
del escándalo sino del tapujo. Con razón, la semana pasada el editorialista del
Financial Times preguntaba: ¿por qué al Banco de España, al Gobierno y a los
banqueros les resulta tan difícil reconocer y contar la verdad sobre lo
sucedido en Bankia?
No parece que el propósito del
presidente ni el de su ministro de Economía sea contestar y menos,
adecuadamente. Por el camino contrario, el de la timidez o la cobardía, el
Partido Popular ha vetado en la Mesa del Congreso la iniciativa de varios
grupos parlamentarios de crear una comisión de investigación.
Por no permitir, ni siquiera ha
consentido que los anteriores gestores de la entidad comparezcan en sede
parlamentaria para dar cuenta de sus actos.
Bastarán las explicaciones que
ofrezca, a puerta cerrada, el subgobernador del Banco de España.
La postura gubernamental me parece un
error enorme e injustificable.
En este asunto, lo mismo que en otros
de cajas de ahorro en bancarrota, hay que tener presente el irresponsable papel
desempeñado por los protagonistas del drama, empezando por sus presidentes y
siguiendo, incluso con superior reproche de ilicitud, o de indolencia, con el
gobernador del Banco de España, que hace poco más de un mes autorizaba a Bankia
a seguir con sus planes, hasta el punto de dar el visto bueno al pago del
millonario bonus de 2011 a sus directivos.
Los españoles, en general, tienen
absoluto derecho a saber qué ha pasado con la antigua Caja Madrid y sus
accionistas, en particular, a la defensa de lo que es suyo. No basta con que un
Gobierno al que se supone honesto, como sinónimo de decente y honrado, gobierne
con rectitud. Es preciso que también con probidad cuente la historia de lo
ocurrido y, en su caso, si hubiere lugar a ello, a través del ministro de
Justicia, imparta instrucciones al fiscal general del Estado para que promueva
las acciones que procedan en defensa de la legalidad y del interés público.
Quienes gestionaron mal y por tal ha de
entenderse la administración desleal, el falseamiento de cuentas, la adopción
de acuerdos abusivos, la obstaculización de actividades inspectoras o
supervisoras, la disposición fraudulenta de bienes o la asunción de
obligaciones de las que se hayan derivado perjuicios notables y evaluables a
sus socios y depositarios, deben responder de ello.
Quienes gestionaron mal y por tal ha
de entenderse la administración desleal, el falseamiento de
Las instituciones y las personas se
deterioran tanto por el mal que hacen como por el mal que ocultan.
Me parece un desatino mayúsculo
suponer que hay que tapar la porquería por temor a su onda expansiva.
El encubrimiento, aparte de ser una
figura autónoma de delito, es todavía algo más y quizá peor.
Es un engaño a la ciudadanía, pese a
que alguno quiera adornarlo con eso que los meapilas -con perdón- llaman
mentiras piadosas. Nadie debe temer las manchas de grasa ajena, y menos que
nadie el Gobierno, que saldría fortalecido con un tratamiento de aire libre y
pleno sol.
Los que se han pringado no son tantos
como parecen, ni tampoco tan fuertes como se supone. Se me ocurre que hoy su
única fuerza es la del inmerecido silencio que los arropa.
Las instituciones y las personas se
deterioran tanto por el mal que hacen como por el mal que ocultan.
Me parece un desatino mayúsculo suponer
que hay que tapar la porquería por temor a su onda expansiva.
El encubrimiento, aparte de ser una
figura autónoma de delito, es todavía algo más y quizá peor.
Es un engaño a la ciudadanía, pese a que
alguno quiera adornarlo con eso que los meapilas -con perdón- llaman mentiras
piadosas. Nadie debe temer las manchas de grasa ajena, y menos que nadie el
Gobierno, que saldría fortalecido con un tratamiento de aire libre y pleno sol.
Los que se han pringado no son tantos
como parecen, ni tampoco tan fuertes como se supone. Se me ocurre que hoy su
única fuerza es la del inmerecido silencio que los arropa.
Quede claro, una vez más, que no estoy
pidiendo la cabeza de nadie porque no quiero, ni quiero que
Lo que sí patrocino y no sin poco
énfasis, es que la ley se aplique. Esa ley ya existe y nadie tendrá que
inventársela. Se llama Código Penal y a él se refería el señor Torres-Dulce, o
sea el fiscal de la cosa pública, cuando el pasado fin de semana, en una
entrevista a la agencia Europa Press informaba que había dado órdenes al fiscal
Anticorrupción “para que se depuren todo tipo de responsabilidades que pudieran
derivarse de la gestión de las cajas de ahorro” y expresaba su voluntad de que
se averigüe, entre otras cosas, “si la percepción de determinadas cantidades
indemnizatorias pudiera esta incursa en algún tipo delictivo”. O sea, lo mismo
que días antes, en estas mismas páginas, proponía el sagaz e instruido Pedro G.
Cuartango cuando invocaba los artículos 290 a 297 del Código Penal, dedicados a
los denominados delitos societarios. A su juicio, las conductas que allí se recogen
son las que han caracterizado presuntamente a los directivos de las cajas de
ahorro y le llamaba la atención que hasta ahora ninguno hubiera sido procesado,
pese a que el quebranto de las cuatro entidades que integraban Bankia había
supuesto para el Estado más de 30.000 millones de euros.
Estoy convencido de que una gran mayoría
de ciudadanos aplaudiría la iniciativa del Ministerio Fiscal y hasta
colaboraría con él, en tanto en cuanto supondría que la Justicia trata a todos
los paisanos por igual. Éste es un axioma aplicable a todos los países, en
todos los ámbitos y a todos los momentos históricos. La igualdad ante la ley,
lo mismo que ante la Justicia, no admite excepciones, ni interpretaciones, ni
distingos. Es algo hermético e inalterable que discurre, o debe discurrir, por
cauces ajenos al de las necesidades, conveniencias u oportunidades políticas
que, cuando la interfieren, como puede ser el caso, acaban convirtiéndose en
actitudes cómplices e impolíticas.
Admito que la intervención de jueces y
fiscales en estos asuntos puede originar una especie de saldo de trapos sucios.
No importa. La gran mayoría de españoles no tiene trapos sucios propios que
esconder. También reconozco que no estoy demasiado seguro de que fuera sano
destapar de golpe la cloaca de los mangantes, pues, a lo peor, a más de un
juez, o de dos, partidarios -equivocados, por supuesto- de la prisión
preventiva, antes de que lleguen las vacaciones y los turistas, les da por
habilitar hoteles para residencia de imputados. No obstante, me reafirmo en la
idea de que mi papel no es el de apuntar a nadie con el dedo acusador. Me
conformo con ponerlo en la llaga.
2013 20 mayo
Extraño, divagatorio y casi etéreo señor
juez
El Mundo | Javier Gómez de Liaño
«Sea el juez honesto en la vida,
justificado en lo que mande, noble para honrar a todos, comedido y con buen
entendimiento, manso y bien criado en sus palabras, escriba siempre con la
máxima corrección posible y con respeto al destinatario de sus resoluciones».
Traigo a colación estas recomendaciones
que pueden leerse en algunos textos de literatura judicial a propósito del auto
que el viernes pronunció el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de
Madrid, en el que decretó la prisión provisional eludible mediante fianza de
2,5 millones de euros de quien fue presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, por
la compra en 2008 del City Nacional Bank of Florida y que, según el Banco de
España, fue por 1.134 millones de dólares cuando valía la mitad.
Quizá deba advertir que no soy
sospechoso de simpatizar con quienes hayan podido saquear la entidad.
Pido disculpas por citarme, pero hace
ahora un año publiqué en esta misma página un artículo titulado.
Los trapos sucios de Bankia y otros más.
En él defendí la exigencia de responsabilidades a quienes gestionaron mal y que
por tal había que entender la administración desleal, el falseamiento de
cuentas, la adopción de acuerdos abusivos, la disposición fraudulenta de bienes
o la asunción de obligaciones de las que se derivaron perjuicios notables para
socios y depositarios de la antigua Caja Madrid.
Es más.
Hago mías las palabras que Lucía Méndez
escribía ayer: «Por algún lado la sociedad tenía que reaccionar (…) y allí
donde el poder político ha renunciado a exigir responsabilidades, han sido los
jueces los que han impulsado esta rendición de cuentas».
Tras el aviso, la resolución del juez
don Elpidio Silva Pacheco me parece incorrecta.
En el fondo y en la forma.
Respecto a lo primero, porque mandar
a prisión, aunque sea preventivamente y con la opción de prestar fianza para
librarse de ella, a quien acude a la llamada judicial tan pronto es citado –al
parecer, por conducto de su abogado– requiere una motivación reforzada, cosa
que no aparece en el auto en cuestión.
Decir que «se aprecia un innegable
riesgo de fuga, fundamentalmente, porque el pronóstico de pena correspondiente
a los hechos imputados permite sustentar, en tal sentido, la adopción de la
medida» o que «la libertad del imputado pudiera incurrir en ocultación,
alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes» es un argumento
jurídicamente inconsistente, pues habría que razonar, desde la demostración,
que ambos riesgos son reales, tarea que el juez no hace de forma convincente.
Si tan elevados eran los peligros de huida y quebranto de las fuentes de
prueba, entonces lo procedente hubiera sido la prisión incondicional. Más,
todavía, cuando la cuantía de la fianza no estaba fuera del alcance del
imputado, como así ha resultado.
Si se trataba de adoptar la medida
cautelar personal, lo procesalmente adecuado y lo justo hubiera sido la
libertad provisional con fianza a constituir en un plazo razonable –art. 529
Ley de Enjuiciamiento Criminal– y no la de prisión eludible mediante fianza,
que es garantía bien distinta de la anterior y frecuentemente adoptada por los
jueces de la Audiencia Nacional en asuntos semejantes y aún de superior
gravedad.
Ahora bien, diferente es que con la
«prisión eludible mediante fianza» del señor Blesa, o en ella, alguien quiera
ver un fin distinto al de la propia decisión, como atemorizar a cierto personal
o dar gusto a otro. A menudo el griterío para que se encierre a la gente es
ensordecedor y son muchos los que se alegran cuando a alguien se le manda a la
cárcel, pues entienden que los jueces están, entre otras cosas, para ejercer la
venganza social. Porque no nos engañemos. Miguel Blesa entrando y saliendo de
la prisión de Soto del Real ha sido tan buen espectáculo como el del diestro
Alejandro Talavante encerrado con seis victorinos en la Plaza de las Ventas, de
Madrid.
Sin embargo, la prisión provisional
jamás puede tener como fin apaciguar clamores sociales. Recuérdese que los
castigos en buena y equilibrada norma no tienen por qué ser ejemplares sino
justos, precisos y puntuales. Que vaya a la cárcel quien tenga que ir, pero no
perdamos la calma ni nos ensañemos con nadie. Menos si aún no ha sido juzgado.
Cuando se decreta una prisión provisional, sea condicional o no, el juez no
está aplicando Justicia.
La Justicia se aplica cuando la pena cae
sobre el delincuente que lo es al término de un proceso con todas las
garantías. Que algunas prisiones preventivas se dicten e interpreten como
«sanciones ejemplarizantes» desfigura la naturaleza de la institución, fenómeno
en el que tiene mucho que ver el que la medida sea dictada por el propio juez
encargado de la instrucción. Si quien instruye no puede juzgar, a estas alturas
no debería haber dudas de que ese juez está inhabilitado para acordar la
prisión preventiva respecto de quien es sujeto de su investigación. Sin
necesidad de esperar a la futura Ley Procesal Penal, actualmente en estudio, lo
razonable es que lo hiciera otro juez o tribunal distinto, objetivamente imparcial
y no contaminado.
En cuanto a algunas cosas que el señor
juez pone en su auto, confieso que como ciudadano del montón, docto en nada,
curioso de casi todo y aprendiz de leyes desde hace 50 años, me he quedado
perplejo.
Hablar de «la tormenta perfecta»,
calificar de «aberrante» la gestión de Caja Madrid o «de que en medio
de una tempestad, no existe barco que, a todas luces, tenga que aguantar ni,
ante la presencia de un tsunami, existe mejor o peor tumbona para pasar la
tarde tomando el sol», me parecen volantines de la palabra empleados para
disfrazar la vaciedad del razonamiento jurídico. Los jueces se sirven de la
palabra justa para ser tan justos como desean, pero jamás deben abusar de ella,
puesto que, en tal caso, suele ser vengativa y tiene mucha memoria. No sé si su
señoría redactó su resolución en un momento de agotamiento mental, pero de lo
que estoy convencido es de que los autores de este tipo de resoluciones, aunque
coreadas por una justicia de chusma, al final terminan cayendo en la absoluta
indiferencia.
Hace un par de meses saltó la noticia de
que el Consejo General del Poder Judicial había puesto en marcha un proyecto
para combatir el estrés que padecen algunas de sus señorías e incluso que había
editado un manual de relajación para ayudar a sobrellevar las tensiones de la
profesión.
Se trataría y es literal, de mantener
«un estado de ánimo positivo» para lo cual se recomienda la práctica diaria de
unos sencillos ejercicios consistentes en «respirar profundamente», mientras se
piensa «estoy tranquilo», «apretar los párpados» durante cinco segundos,
«levantar las piernas y tensar los muslos» y, sobre todo, «contraer y relajar
los glúteos».
A mí estos consejos me parecen una
estupidez de tomo y lomo, pero si el CGPJ ha tirado del presupuesto para pagar
el invento será porque puede resultar útil a quienes a menudo rondan el
atolondramiento, aunque mucho más barato es estudiar la buena jurisprudencia,
empezando por la de nuestro Tribunal Supremo.
En El asesinato del perdedor, Cela
escribe que «un juez debe ser sereno, viejo y escéptico ya que la justicia no
tiene por misión arreglar el mundo sino evitar que se deteriore más (…) Don
Cosme, el juez que encerró a Mateo Ruecas, está poco maduro, es joven y tiene
ilusión pero eso no basta y a veces sobra; don Cosme piensa que el Espíritu
Santo le ayudó a ganar las oposiciones a cambio de su solemne compromiso de
enderezar el torcido mundo y borrar de la faz de la tierra el vicio y los malos
hábitos».
Pues eso, señoría.
Javier Gómez de Liaño es abogado y juez
en excedencia.
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