Escombros

"España nos roba

M. Llamas Seguir a @manuel_llamas 2013-05-23

"España nos roba" (Espanya ens roba, en catalán) se ha convertido en un lema muy empleado por los nacionalistas catalanes y, más concretamente, por la Generalidad que preside Artur Mas para justificar sus ansias soberanistas.
Sin embargo, no se trata de una mera frase vacía de contenido sino de un argumento basado, supuestamente, en datos y cifras reales.
Uno de estos datos son las balanzas fiscales, un indicador que permite calcular lo que aporta una autonomía o provincia al conjunto del país vía impuestos y lo que recibe del Estado a través de servicios e inversiones públicas. Si la balanza es negativa, significa que los habitantes de esa región aportan más de lo que reciben, y al revés si es positiva (reciben más del resto del Estado de lo que aportan).
Cataluña, por ser una comunidad tradicionalmente rica, siempre ha aportado una cuantía extra a la financiación pública del resto del país a través del sistema de solidaridad interterritorial que establece la Constitución Española, aunque es Madrid, en realidad, la región que más aporta y menos dinero recibe del Estado. Las balanzas fiscales permiten dilucidar cuánto. La Generalidad anunció el pasado martes que Cataluña registró un déficit fiscal con respecto al Estado de 16.543 millones de euros en 2010, el 8,5% de PIB, un porcentaje similar al de la media de las dos últimas décadas (8,1%). Es decir, los catalanes aportaron a la cuenta común 16.543 millones más de lo que recibieron del Estado.
El consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, utilizó el cálculo del "flujo monetario neutralizado" para señalar que Cataluña aportó en 2010 el 19,4% del total de ingresos de la administración estatal y recibió el 14,2% del gasto total. Atendiendo a este cálculo, la región contribuyó con una proporción superior a su peso en el PIB estatal, que es del 18,6%, en tanto que recibió un gasto que no llegó al peso de su población sobre el conjunto del país (16%). Ante tales datos, el titular de Economía calificó este desequilibrio de "altamente insatisfactorio", ya que obligó a la Generalidad a "tirar adelante el país con menos recursos (...) y con una o dos manos atadas en la espalda", en una nueva muestra del tradicional victimismo del que hace gala el nacionalismo catalán.
Sin embargo, Mas-Colell "infló" el saldo fiscal negativo de Cataluña en base a criterios poco objetivos, según denuncia Convivencia Cívica Catalana en su informe El maquillaje de la balanza fiscal de Cataluña. Así, de los 16.543 millones de supuesto déficit fiscal, 10.708 millones (dos terceras partes) son "totalmente ficticios". Es decir, "no han sido pagados por ningún catalán", ya que son producto de un "artificio contable denominado neutralización".
Además, de los restantes 5.835 millones, más de 5.000 son también producto de un cálculo desviado basado en imputaciones distorsionadas, es decir, en contabilizar impuestos pagados por ciudadanos no catalanes como si hubiesen sido pagados por catalanes y en no contabilizar gastos reales del Estado en Cataluña.

De este modo, en realidad, el déficit fiscal de Cataluña apenas ascendería a 774 millones de euros en 2010 frente a los 16.543 millones anunciados por el Gobierno de Artur Mas.

Las tablas que ocultó Colell

En primer lugar, un año más, de los cuatro métodos distintos que solía emplear la Generalidad para estima las balanzas fiscales, Mas-Colell tan sólo presentó dos -curiosamente, los más favorables a sus intereses-. En concreto, el cálculo "flujo beneficio" y "flujo monetario", pero con valores "neutralizados", cuyo resultado es ficticio porque no emplea valores reales. De hecho, el dato que Cataluña da por bueno es el "flujo monetario neutralizado", que es el menos utilizado a nivel internacional y el menos fiable.

El problema aquí es que el "flujo monetario neutralizado" incrementa de forma artificial la recaudación fiscal que genera la región, ya que emplea el supuesto, "absolutamente ficticio, de que los catalanes pagan impuestos como si no existiera la crisis" en lugar de la recaudación real. Como resultado, la Generalidad suma a las balanzas fiscales 10.708 millones de impuestos que, en realidad, no existen.

Así pues, Mas-Colell ocultó los valores reales por "motivos políticos, dado que indicaban un déficit fiscal casi nulo (774 millones de euros) o cuando menos muy inferior del anunciado oficialmente (5.835 millones), tal y como muestran las dos tablas olvidadas por la Generalidad.

Las trampas contables

Además, incluso dando por bueno el déficit fiscal de 5.835 millones que arroja el "flujo monetario real", más de 5.000 millones son también producto de un cálculo erróneo derivado de inflar ciertos impuestos y minimizar gastos del Estado, según el estudio.
Por un lado, la Generalidad aplica un "criterio muy generoso" para el cálculo de los impuestos pagados por los catalanes, al contabilizar ciertos tributos (IRPF, Especiales o cotizaciones) que, en realidad, pagan extranjeros y no residentes en Cataluña. La propia Consejería de Economía admite, por ejemplo, que "el IVA pagado por un ciudadano de Oviedo a un comercio de Mataró se imputa a Cataluña ya que es donde se localiza el objeto de imposición".
Por otro lado, la Generalidad incluye en las balanzas el déficit fiscal que mantiene con la UE, imputándoselo incorrectamente a España (unos 2.700 millones). Parte de los recursos que el Estado destina a financiar a la UE proceden de Cataluña, pero esta región casi no recibe fondos de Europa, con lo que el saldo es negativo. Sin embargo, la Generalidad incorpora este déficit en el saldo fiscal con el resto de España.
Por último, minimiza el volumen real de gasto e inversión que el Estado destina a Cataluña con el fin de inflar su déficit fiscal. El informe detalla algunos ejemplos llamativos:

• La Generalidad afirma que el Ministerio de Asuntos Exteriores tan sólo gasta 1 millón de euros en representar a Cataluña de los 702 millones que en total representa esta partida, cuando su población asciende al 16% del total del país
• Justicia tan sólo destina el 4,9% de su presupuesto a Cataluña en lugar del 16% que representa su población, y lo mismo sucede en Defensa o Servicios Sociales.
• Asimismo, puesto que la mayoría de organismos públicos del Estado tienen su sede en Madrid, la Generalidad considera que la parte correspondiente a Cataluña de su gasto es literalmente cero. Y aquí entra desde la CNMV, hasta el Consejo de Seguridad Nuclear, el CIS o la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

En total, gracias a este tipo de desvíos, Mas logra incrementar el déficit fiscal en otros 3.780 millones de euros, según denuncia Convivencia Cívica.

No contabiliza la Seguridad Social

Por último, el informe de la Generalidad también olvidó presentar otros datos relevantes, como las sub-balanzas fiscales correspondientes a la Seguridad Social. Tal y como muestra siguientes tablas, la Seguridad Social registró un saldo positivo para Cataluña en 2010, con 2.789 millones de superávit según "flujo beneficio" o 2.141 millones según "flujo monetario". Es decir, Cataluña recibió recursos del resto de Estado por encima de los pagados realizados a través de las cuotas de los cotizantes en Cataluña.

El siguiente cuadro resume los saldos fiscales mostrados y ocultados por la Generalidad correspondientes a 2010.

Como resultado de todo ello, Convivencia Cívica Catalana lamenta "la falta de honestidad y de transparencia" de la Generalidad y considera que sus balanzas fiscales "sólo son herramientas políticas para intentar crear resentimiento contra el resto de España entre la opinión pública catalana".

Nacional

Terror en los Sanfermines 2013.

MOCIÓN DE IMPOSTURA

JOSÉ MARÍA CARRASCAL/ABC

Se intenta montar una encerrona a Rajoy en el Congreso, con absoluto desprecio de las normas constitucionales

COMO los padres de nuestra Constitución se empeñaron en sembrarla de equívocos para suplicio de sus hijos y nietos, a las «nacionalidades», que tantos disgustos nos han dado, unieron las «mociones de censura», que no son de censura sino de candidatura a la presidencia de gobierno. Para ello se exige al aspirante presentarse a una especie de examen ante la Cámara, exponer ante ella su programa y contar con los votos necesarios para ser elegido. Ninguno de esos requisitos los cumple Rubalcaba, que, sin embargo, parece dispuesto a presentar esa moción: no aspira al cargo, sino que propone, ¡agárrense!, nada menos que a Soraya Sáenz de Santamaría. No va, por tanto, a presentar programa de gobierno y ni siquiera en el hipotético caso de lograr el apoyo de toda la oposición, reuniría los votos para que la moción pasase, dada la mayoría absoluta del PP. Y contar con los críticos internos de Rajoy es demasiado suponer, incluso para un hombre tan desesperado como él.

Entonces, se preguntarán ustedes ¿qué pretende Rubalcaba? Según nos dice, «defender la dignidad del Congreso», al que Rajoy ha ofendido no explicándole su papel en el caso Bárcenas. Bonita manera de defender el honor de la Cámara es ignorar lo que la Constitución dispone en estos casos. Pero así entiende la izquierda la democracia y sus normas: adaptándolas a su conveniencia, en vez de adaptarse ella a la normativa constitucional. Lo hace desde siempre, invocando un derecho casi de pernada: la superioridad moral, que le permite hacer lo que le dé la gana, Recuerden la nacionalización de Rumasa y el «Montesquieu ha muerto». Funcionó en los primeros años de la Transición, pero a estas alturas, sabemos que, de superioridad, nada y de moral, menos. El caso de que hablamos no hace más que confirmarlo.

Lo que ahora pretende no es defender la dignidad del Congreso, sino montar una encerrona al presidente, violando el espíritu y las normas de la convocatoria, para saetearlo a sus anchas, disminuir su prestigio y sacar los máximos réditos políticos y electorales. Un claro ejemplo de oportunismo político y de deslealtad constitucional. Son ellos quienes ofenden al Congreso con esta iniciativa, que recuerda el Pacto del Tinel, para excluir al PP de la escena política catalana, y el Tripartito, que ahora sería Cuatri, Quinti o Sexapartito, con los nacionalistas exigiendo que se incluya el «derecho a decidir» para unirse al envite, otro chantaje descarado, esta vez a sus colegas. Lo que pueda decir Rajoy les importa poco. Ni siquiera van a escucharle. Van sólo a denunciarle, como ellos mismos reconocen, y desprestigiarle, valiéndose de testimonios llenos de contradicciones de un encarcelado y de una tergiversación desvergonzada del procedimiento constitucional.

Ante tales hechos, Rajoy haría bien en no caer en la encerrona. Nos debe una explicación de por qué siguió en contacto con Bárcenas. Pero no en los términos que éste y sus conmilitones político-mediáticos intentan imponerle, sino en los que considere oportunos para él y su partido. Cualquier otra cosa sería atropellar no ya el derecho a la legítima defensa la Constitución ni siquiera le exige asistir a la sesión, al ser un examen del aspirante a su cargo, sino el sentido común, que parece haber desaparecido últimamente de España.

Si los soberanistas predican la autodeterminación unilateral de los pueblos, cómo podrían negar la de los barrios.

La metasecesión

IGNACIO CAMACHO

Si los soberanistas predican la autodeterminación unilateral de los pueblos, cómo podrían negar la de los barrios

ALGUNOS nacionalistas la mayoría, la verdad son tan cansinos que cuando no pueden darles la matraca a los demás se distraen entrenándola entre ellos. Convencidos de su misión histórica consagran su vida a practicar, aunque sea mediante simulacros, la formulación política de su teoría del destino manifiesto, el horizonte simbólico de la ensoñación identitaria de los «pueblos cautivos». Como el nacionalismo moderado o integrador ha comenzado a ser una especie de oxímoron, secuestrado por el soberanismo en auge, las tribus redentoristas han fijado su objetivo táctico primordial en las consultas de autodeterminación, esa vía Kosovo que tanta ilusión les causa pese a las inquietantes connotaciones del ejemplo. Y mientras llega el día de las «condiciones objetivas» van haciendo músculo en ensayos de referendos de la señorita Pepis con los que sacudirse el síndrome de abstinencia.

Así, en la estela de esos municipios catalanes que se declaran unilateralmente independientes de España, el alcalde bildutarra de San Sebastián ha decidido organizar un referéndum de desanexión de su propio barrio. Es una forma de ir como de maniobras para tonificar el espíritu y poner a punto la maquinaria separatista. Con tal de ejercitar la autodeterminación, el batasuno Eizaguirre se ha escindido en una modalidad inédita de trastorno bipolar político: el vecino de Igueldo lidera una reivindicación contra la ciudad que él mismo gobierna. Es la metasecesión: un proceso de fragmentación continua. La independencia en espiral, la autodeterminación de la autodeterminación, el paroxismo soberanista.

En su primaria pulsión desintegradora, a Eizaguirre no se le puede negar cierta coherencia. Si el credo secesionista predica el derecho de los pueblos a decidir su propio rumbo colectivo a partir de su criterio autodefinido, por qué habría que negárselo a los barrios, que podrían ser unidades de destino en lo local dentro de la lógica neofalangista del delirio identitario. Los que se pasan la vida reclamando la aspiración de dejar de ser españoles no parecen legitimados para negar a los habitantes de Igueldo la de dejar de ser donostiarras. Es el problema de elaborar doctrinas ideológicas a partir de la conciencia sentimental. ¿Dónde están los límites del hecho diferencial que sustenta la vocación del destino manifiesto? ¿En la nación, en la provincia, en la ciudad o pólis que es el embrión de la sociedad política? ¿En el barrio? ¿En la pedanía? En la comunidad de vecinos? ¿O se trata de una simple cuestión de escala y masa crítica?

Quizá para los jerarcas de Bildu, tan satisfechos de gobernar sin haber renegado de su complicidad filoterrorista y sin pedir perdón a las víctimas, la respuesta sea mucho más sencilla: los límites están donde a ellos en cada momento les dé la gana. Para eso sirve el poder y para eso, 865 muertos mediante, se lo han ganado.

González: «Si supiera que Rubalcaba apoya a Pedro J., me cuestionaría ser militante»

abc.es / EPabc_es / madrid

Día 19/07/2013 - 17.24h

El expresidente del Gobierno critica al director de «El Mundo» tras sus publicaciones sobre Bárcenas y asegura que en España existe una «crisis moral» si se está «en sus manos»

González: «Si supiera que Rubalcaba apoya a Pedro J., me cuestionaría ser militante»

efe

El expresidente del Gobierno Felipe González y el secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, este viernes en Mérida

El expresidente del Gobierno Felipe González se ha reunido este viernes con el PSOE extremeño dando el pistoletazo de salida a una serie de encuentros con los socialistas regionales y gente que no se puede desaprovechar, según ha enunciado el secretario general del partido en la autonomía, Guillermo Fernández Vara. El que fuera jefe del Ejecutivo ha criticado al director del diario "El Mundo", Pedro J. Ramírez, tras las publicaciones sobre el "caso Bárcenas" y, preguntado por si Alfredo Pérez Rubalcaba podría estar sacando rédito de la campaña del rotativo de Unidad Editorial contra el Gobierno de Mariano Rajoy, ha sentenciado: "Si supiera que Rubalcaba apoya a Pedro J., no sólo perdería mi condición de simpatizante, sino que me cuestionaría la de militante".

González ha continuado explicando que está en la Comunidad extremeña para hablar con Fernández Vara y el PSOE sobre las cosas que está "pensando de cara al futuro". "Me parece que hay que actuar políticamente de manera diferente, que tenemos una crisis no sólo de elites políticas dramática; políticas, económicas, intelectuales, sociales, mediáticas, todo lo que quieren y para colmo morales", ha aseverado. Para continuar: "Morales no las del paisano (Evo) Morales, sino morales de Rouco Varela y compañía; imagínense que crisis moral tendremos que estamos en manos de Pedro J. (Ramírez)", ha ironizado González. Ha confiado, no obstante, en que su partido no se pliegue a la estrategia del rotativo de Ramírez, con quien González ha protagonizado desencuentros históricos, y ha agregado: "Ya saben que hace unos años dije que voy a ser militante de este partido por el resto de mi vida pero estoy con problemas de simpatías; bueno pues si esto ocurriera, y si conozco a Pérez Rubalcaba, creo que no va a ocurrir, para mi sería una sorpresa inimaginable", ha apuntillado.

El expresidente del Gobierno Felipe González, ha pedido a Mariano Rajoy que tome la iniciativa y que comparezca en un «debate abierto» para ofrecer una explicación «definitiva» a los ciudadanos sobre el 'caso Bárcenas'.

En función de estas aclaraciones, que en ningún caso se trataría de «explicaciones judiciales», ha señalado González, tomaría una decisión sobre si el presidente del Gobierno debería o no dimitir. «Rajoy se debería explicar, y si, como consecuencia de lo que tiene que explicar, considerase que no debe mantenerse en el cargo, o el parlamento o él, puede que sí. Pero eso depende de una explicación clara, definitiva de qué está pasando», ha añadido.

En cuanto al planteamiento de una moción de censura por parte del PSOE, ha señalado que tiene «lógica», en el sentido de que «no se hubiera planteado en ningún caso si no hubiera este bloqueo de presencia y de explicación en el Parlamento».

González, quien considera que el secretario general socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, «ha explicado muy bien» los motivos por los que ha anunciado la moción de censura, ha señalado que éste es «el único mecanismo que no puede bloquear una mayoría parlamentaria». «Obviamente el objetivo de una moción de censura no es que explique el presidente del gobierno», ha añadido.

«Ruego respetuosamente (a Rajoy) que tome la iniciativa y que comparezca, no una vez, sino las que sea necesario en un debate abierto en el parlamento para explicar a la soberanía nacional y a los ciudadanos todo lo que tenga que explicar, ahora y después. Eso da mucha dignidad a las instituciones», ha indicado. González ha realizado estas declaraciones en una comparecencia este viernes en Mérida, acompañado por el secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quienes han participado en una reunión con los órganos de dirección de los socialistas extremeños