MOCIÓN DE IMPOSTURA

JOSÉ MARÍA CARRASCAL/ABC

Se intenta montar una encerrona a Rajoy en el Congreso, con absoluto desprecio de las normas constitucionales

COMO los padres de nuestra Constitución se empeñaron en sembrarla de equívocos para suplicio de sus hijos y nietos, a las «nacionalidades», que tantos disgustos nos han dado, unieron las «mociones de censura», que no son de censura sino de candidatura a la presidencia de gobierno. Para ello se exige al aspirante presentarse a una especie de examen ante la Cámara, exponer ante ella su programa y contar con los votos necesarios para ser elegido. Ninguno de esos requisitos los cumple Rubalcaba, que, sin embargo, parece dispuesto a presentar esa moción: no aspira al cargo, sino que propone, ¡agárrense!, nada menos que a Soraya Sáenz de Santamaría. No va, por tanto, a presentar programa de gobierno y ni siquiera en el hipotético caso de lograr el apoyo de toda la oposición, reuniría los votos para que la moción pasase, dada la mayoría absoluta del PP. Y contar con los críticos internos de Rajoy es demasiado suponer, incluso para un hombre tan desesperado como él.

Entonces, se preguntarán ustedes ¿qué pretende Rubalcaba? Según nos dice, «defender la dignidad del Congreso», al que Rajoy ha ofendido no explicándole su papel en el caso Bárcenas. Bonita manera de defender el honor de la Cámara es ignorar lo que la Constitución dispone en estos casos. Pero así entiende la izquierda la democracia y sus normas: adaptándolas a su conveniencia, en vez de adaptarse ella a la normativa constitucional. Lo hace desde siempre, invocando un derecho casi de pernada: la superioridad moral, que le permite hacer lo que le dé la gana, Recuerden la nacionalización de Rumasa y el «Montesquieu ha muerto». Funcionó en los primeros años de la Transición, pero a estas alturas, sabemos que, de superioridad, nada y de moral, menos. El caso de que hablamos no hace más que confirmarlo.

Lo que ahora pretende no es defender la dignidad del Congreso, sino montar una encerrona al presidente, violando el espíritu y las normas de la convocatoria, para saetearlo a sus anchas, disminuir su prestigio y sacar los máximos réditos políticos y electorales. Un claro ejemplo de oportunismo político y de deslealtad constitucional. Son ellos quienes ofenden al Congreso con esta iniciativa, que recuerda el Pacto del Tinel, para excluir al PP de la escena política catalana, y el Tripartito, que ahora sería Cuatri, Quinti o Sexapartito, con los nacionalistas exigiendo que se incluya el «derecho a decidir» para unirse al envite, otro chantaje descarado, esta vez a sus colegas. Lo que pueda decir Rajoy les importa poco. Ni siquiera van a escucharle. Van sólo a denunciarle, como ellos mismos reconocen, y desprestigiarle, valiéndose de testimonios llenos de contradicciones de un encarcelado y de una tergiversación desvergonzada del procedimiento constitucional.

Ante tales hechos, Rajoy haría bien en no caer en la encerrona. Nos debe una explicación de por qué siguió en contacto con Bárcenas. Pero no en los términos que éste y sus conmilitones político-mediáticos intentan imponerle, sino en los que considere oportunos para él y su partido. Cualquier otra cosa sería atropellar no ya el derecho a la legítima defensa la Constitución ni siquiera le exige asistir a la sesión, al ser un examen del aspirante a su cargo, sino el sentido común, que parece haber desaparecido últimamente de España.