Sin palabras

Con la que está cayendo.

Alberto Recarte ha vuelto este miércoles a su cita semanal con los seguidores de Es la Noche de César. El economista y consejero de Libertad Digital ha respondido a las dudas sobre la situación económica que le han planteado los oyentes de esRadio.
- ¿Cómo valora la gestión de Miguel Ángel Fernández Ordóñez durante su mandato? Rafael (Madrid).
- Yo le doy un aprobado alto a la gestión de Fernández Ordóñez al frente del Banco de España. Los grandes aciertos son que discretamente ha conseguido que de esos 230.000 millones de los que hablamos, más los 80.000 que exigen las autoridades europeas, en lugar de ponerlo el Estado, lo ponga el sistema cubriendo con sus recursos el agujero generado. En otros países el Estado ha puesto el 50-60% en agujeros similares. La parte negativa es que se ha plegado demasiado al poder político de Zapatero y no quiso atacar las decisiones políticas de éste, especialmente en lo que tiene que ver con el poder de las autonomías en las cajas. Él podría decir que nunca tuvo el poder político porque las decisiones las tomaba el Gobierno que es quien tiene mayoría en el Consejo del Banco de España. Aunque en la última parte de la crisis, el último año, ha estado lento.
- Si el Banco Central Europeo compra nuestra deuda, entiendo que la prima de riesgo bajaría. Punto. Pero, ¿en qué ayudaría eso a solventar todos los otros gigantescos problemas de fondo de la economía española? María (Valencia)
- Siempre será mucho más barata una inyección de liquidez temporal del BCE que cualquier tipo de rescate a España, que implicaría 500.000 o 600.000 millones. Qué tiempo puede estar la prima tan alta. Para el coste de la deuda pública, todo el año. Podría suponer un coste superior de 3.000 o 4.000 millones más. El problema no está ahí, sino que la financiación de la banca es la que sufre y la que tiene que ser a unos tipos muy elevados. En ese caso, además, habiendo tomado decisiones sobre cómo cubrir el agujero del sistema financiero, claramente es un problema de liquidez, no de solvencia.
- ¿En qué cree que consistirá el Plan de Reequilibrio que ha anunciado el Gobierno para este viernes? Soledad (Madrid)
- No lo sé. Me imagino que ahora mismo hay conversaciones con la Comisión Europea, sobre si retrasar el cumplimiento de déficit, que creo que es equivocado (deberíamos cumplir con el 3% para el año que viene). La negociación es que hay que subir impuestos (posiblemente el de Hidrocarburos y el del IVA). Se va a adelantar algo que había previsto para el año que viene. Si con las medidas que ya se han tomado fueran suficientes para cumplir con el déficit, pues ya no sería necesario. En mi opinión, ya se tenía que haber ido por ahí: subiendo los indirectos y no los directos. España es un país que no puede soportar ocho millones de pensionistas, seis millones de parados y más de tres millones en la administración. Es imposible financiar a todos estos dependientes con catorce millones de trabajadores en el sector privado. Y por eso creo que va a haber más subidas de impuestos y se van a convertir en permanentes.
- ¿No cree que la salida de esta crisis hace imprescindible una refundación del Estado de Bienestar en España? Miguel (Valladolid)
- Se está produciendo poco a poco y a saltos. Se está reformando lo más obvio. España se había convertido y sigue convertida en un país en el que se practica el turismo sanitario. Sólo hay que hablar con los médicos. Esos excesos son los primeros que había que purgar, pero habría que purgar otros muchos. Cuando leo en LD que el Gobierno del PSOE-IU en Andalucía da otros 28 millones a UGT y CCOO... O cuando leo que se ha consolidado la categoría de funcionarios a 20.000 enchufados del PSOE. Eso no es Estado del Bienestar... En un momento dado, como en Grecia, Irlanda o Portugal habrá control y revisión de las pensiones máximas.

Un año de prórroga a cambio de mas sacrificios.

España tendrá que hacer mucho más si quiere recibir algo más que buenas palabras de Alemania o la Unión Europea. Éste podría ser el resumen de lo que este miércoles se ha vivido entre Madrid, Berlín, Bruselas y Fráncfort.
Toda la política económica del Gobierno se ha puesto en cuestión con un durisimo Informe de la Comisión Europea en el que se advierte que lo aprobado hasta ahora va "en la buena dirección", pero se queda corto para hacer frente a los retos que tiene el país por delante. Y a esta advertencia, se ha sumado el toque de atención de Alemania en lo que respecta al rescate de los bancos: no habrá dinero de la caja común para salvar al sistema financiero español. Incluso el BCE, en el que el Gobierno confiaba para ayudar a sanear la banca (empezando por Bankia) ha cerrado la puerta a la opción planteada desde Madrid.
¿La respuesta de Moncloa? Habrá más reformas y se acelerarán los plazos de algunas de las anunciadas. La sensación, sin embargo, es que Rajoy ha perdido el pulso que estaba echando con las instituciones europeas, pidiendo más tiempo a cambio de meras promesas. Ha llegado el momento de los grandes cambios.
¿Suficiente?
Es evidente que el Gobierno del PP ha aprobado muchas y muy variadas reformas desde que está en el poder. Estos cinco meses han sido pródigos en todo tipo de anuncios, especialmente en el área económica. Por eso, la sensación de Moncloa era, hasta hace unos días, que España estaba haciendo lo suficiente, una visión que se transmitía a los grandes países de la UE. Cada poco tiempo, se pedía al BCE, la Comisión o Alemania un gesto que aliviase la situación española, como contrapartida a los esfuerzos que se estaban haciendo.
El problema es que desde Bruselas y Berlín se tiene una visión completamente diferente. De hecho, el documento de la Comisión Europea de este miércoles ha sido un duro despertar para el Gobierno. Como en cualquier informe comunitario, prima el lenguaje diplomático: "España está haciendo esfuerzos", "marcha en el buen camino" o confiamos en que cumpla con el objetivo de déficit. Pero aquí se acaban las buenas palabras.
En las cuestiones sustantivas, lo que el Gobierno comunitario pide es que se avance en la dirección actual. Tampoco es una crítica absoluta, que descalifique lo que se ha hecho. Lo que Bruselas pide es más ambición. Leyendo el documento saca uno la impresión de que Rajoy se ha quedado a mitad de recorrido en los aspectos fundamentales de su política económica. Y ése es el mensaje que Alemania, el FMI o los analistas internacionales han repetido una y otra vez en las últimas semanas: "Lo que se ha hecho no está mal, pero no será suficiente".

• Deuda y déficit: pese a las peticiones del Gobierno, la última de la pasada semana, la UE no socorrerá a España. El BCE no actuará de forma directa ni en los mercados de deuda ni para sanear la banca. Alemania se niega. Tampoco el organismo permitirá hacer enjuagues con Bankia, como pasarle deuda pública directamente para que la entidad la coloque en Francfort como garantía. Si España quiere rescatar a sus bancos (y la Comisión cree que las cosas en el sector podrían empeorar), tendrá que hacer esfuerzos suplementarios en la reducción del déficit. Y atar corto a las comunidades autónomas. Sólo si se aprueban las reformas que pide la UE se podría llegar a abrir la mano y otorgar un año más, hasta 2014, para cumplir con el 3% de déficit.
• Impuestos: Bruselas ha sido meridianamente clara. Subir impuestos directos (IRPF y Sociedades) "daña claramente" el crecimiento económico. Si el Gobierno quiere recaudar más, debe aumentar el IVA, uno de los más bajos de la UE. Y las cotizaciones sociales también deben caer, para mejorar la competitividad de las empresas. Vamos, que se atacan las medidas aprobadas hasta ahora y se pide que se apliquen justo las que Cristóbal Montoro se niega a aceptar.
• Mercado laboral: quizás esta parte sea la que más daño ha hecho a Rajoy. Desde el Ministerio de Trabajo se presentó la reforma laboral como un cambio histórico en la legislación española. Pues bien, este miércoles la Comisión ha dicho claramente que se queda a medio camino, que no flexibiliza lo suficiente el mercado, que no será sencillo para las pymes acogerse a las cláusulas de descuelgue y que no acabará con el mercado laboral dual (entre indefinidos y temporales). Por si esto fuera poco, también cuestiona la eficacia del INEM (ahora SPEE) y critica las políticas activas de empleo. Son apenas 25-30 líneas, pero suponen un torpedo en la línea de flotación de una de las reformas más ambiciosas del Ejecutivo. Ni siquiera ésta pasa el examen de Bruselas.
• Liberalización: por último, la Comisión hace un catálogo completo y razonado de cuestiones en las que ni siquiera se ha empezado a modernizar la economía española. Entre sus objetivos, están la burocracia, las administraciones públicas, la unidad de mercado, los sectores intervenidos y los servicios.

El Gobierno se defiende con sus anuncios de que cada viernes llegará una nueva reforma. Pero el ritmo no es suficiente. Desde Bruselas y desde Berlín se pide más rapidez. Los ciudadados del norte de Europa están hartos de promesas. Hay que recordar que España ha incumplido seriamente con el último dato de déficit conocido. Pese a todas las advertencias y la gravedad de la situación, en 2011 las administraciones públicas acabaron el año con unos números rojos equivalentes al 8,9% del PIB cuando el objetivo era el 6%. Son casi 30.000 millones de euros de diferencia. Eso es lo que cala en la opinión pública europea y en el ánimo de los inversores. El tiempo de las promesas ya se ha acabado. En Europa quieren hechos y los quieren cuanto antes. D. SORIANO.- Libre Mercado.

¿Quién es más Mafo?

TOLERANCIA CERO: Mafo, Blesa, Rato: los "banksters" minan al Gobierno y crujen el PSOE

Desde entonces los acontecimientos se han precipitado en una bola que gira y solo gana velocidad a peor. El ya conocido como escándalo Bankia amenaza con llevarse por delante al Gobierno, a la oposición y a los sindicatos, todos ellos en la pomada.
Quizá no estaría mal si eso sirviese para sanear la depauperada vida política y financiera -últimamente tan ligadas la una a la otra con el resultado, nefasto, de todos conocido- pero la gestión de los banksters al frente de Bankia pone en peligro la propia estabilidad de España y de sus habitantes.
Lo que se está jugando no es un asunto baladí y exige una depuración de responsabilidades al más alto nivel. ¿Dónde está, por ejemplo, Miguel Blesa, al que algunos hacen conduciendo un Ferrari por las calles de Madrid y que puso los cimientos del desastre con su gestión en Cajamadrid? ¿Por qué Rato anunció una salida a Bolsa con unas cuentas que, como se ha demostrado, fueron falseadas de forma inmisericorde? ¿Acaso se puede calificar de otra forma vender un superávit que se ha convertido en un agujero negro que no deja de aspirar dinero público? Cada día, una noticia viene a volcar más detritus en la paciencia de la opinión pública, y así podemos enterarnos de que la matriz de Bankia tuvo más de tres mil millones de euros en pérdidas cuando sólo se habían declarado treinta...
Toda esta broma, tan chusca, muestra el desprecio de unos gestores y de unos organismos de control que ni estuvieron ni se les esperó. ¿Qué hacía Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España? ¿Qué control llevaba esa entidad? ¿Por qué hay que obligarle a comparecer -y, por supuesto, sólo después de que el desastre haya alcanzado magnitudes estratosféricas- a puerta cerrada en el Congreso?
Una respuesta a esa actitud quizá haya que buscarla en esa vinculación del mundo político a las entidades financieras, que se ha revelado tan nefasta. Hablemos claro: el escándalo Bankia salpica con su hedor a los principales actores de la vida política. El Gobierno y el Partido Popular, los primeros, desde luego, pues la mayor parte de los políticos participantes en los Consejos de Administración de Bankia pertenecían a su rebaño, con el bluf Rato en cabeza. Pero, ¿y el PSOE?
Alfredo Pérez Rubalcaba puede sacar pecho... a medias. ¿Acaso no ocupaba un sillón el consejero socialista de turno? ¿No se recuerda cómo Virgilio Zapatero votó, pese a la orden de abstención, la nominación de José Ignacio Goirigolzarri? ¿A qué adscripción ideológica se adhiere MAFO? Las críticas a la gestión gubernamental de Bankia son una cosa, pero apoyar una comisión de investigación que podría airear asuntos poco gratos para Ferraz, es otra. Sólo a los emboscados chaconitas y a un vengativo Tomás Gómez les puede convenir. Y no por servicio público, desde luego, sino por vendetta interna.

Añadan a ese cóctel la cuota de Izquierda Unida-Comisiones Obreras a través de José Antonio Moral Santin (a ver, por cierto, si algún día la formación de Cayo Lara explica las componendas de algunos de sus miembros con el ilustre y desaparecido Blesa) o la de UGT a través del ínclito José Ricardo Martínez, que aportaba a su sindicato 180.000 euros anuales gracias a esa poltrona. ¿Comisión de investigación, dicen? Con la boca chica.
De todo este asunto sólo hay unas escasas verdades. Sabíamos que Goiri, como ya es conocido, no llegaba a Bankia para levantar unas alfombras que la basura había reventado. O quizá, porque ni siquiera habían dejado alfombras en un paisaje de ruina absoluta. Pero su ego te absolvo a Rato no genera más que desconfianza.
Por todo ello se impone una única salida: sentar en el banquillo a los banksters. Por eso es un buen síntoma que la Justicia haya admitido a trámite la querella de Manos Limpias contra Blesa, Rato y MAFO. Lo de menos es quién la haya presentado, puesto que estaba totalmente justificada. Quien juega con la estabilidad de una Nación y sus ciudadanos no puede quedar impune.

¿De quien son los Bancos?

Caín, La Razón

JOSÉ MARÍA CARRASCAL, ABC

NO, no y no.

No puede ser que un directivo que llevó su banco a la quiebra cobre 14 millones de euros de indemnización.

Y con él, cuantos han contribuido a desfondar las Cajas de Ahorro: directivos, consejeros de administración y políticos en torno. Si consentimos esto, daremos la razón a quienes dicen que el sistema financiero español no es de fiar. Eso es peor que un robo a mano armada, al serlo con abuso de poder y alevosía.

Vayamos a la pregunta del millón o de los millones: ¿de quién son los bancos? ¿De sus directivos, de sus consejeros, de sus accionistas?.

Teóricamente, de los accionistas, pero vienen siendo los ejecutivos quienes vienen haciendo y deshaciendo a su antojo, mientras los consejeros de administración les dejan hacer con tal de seguir cobrando sus suculentos sueldos y dietas, en vez de administrar y controlar. Aunque también hay que decir que, si quisieran, tampoco podrían hacerlo, pues la mayoría de ellos no tienen idea de economía ni de finanzas.

Pero volviendo a la pregunta principal, ¿de quién son los bancos? Pues son de quienes han depositado en ellos sus ahorros.

De los ciudadanos anónimos que, tras trabajar y pagar sus impuestos, depositan lo que les queda, si les queda algo, en esas instituciones, recibiendo a cambio un pequeño beneficio. Lo que se supone es que el banco preste ese dinero, a intereses más altos, a empresarios que a su vez lo invertirán en «economía productiva», en su provecho y en el del país.

Lo que ha ocurrido, sin embargo, es que los bancos se han liado a prestar a lo loco, concediendo créditos a 30, 40 años y, no contentos con ello, a personas sin garantía de que pudieran devolverlos. Pero calculando esos beneficios futuros, los banqueros se repartían unas bonificaciones en dinero contante y sonante, de cientos de miles o millones de euros o dólares. Es decir, cobraran en efectivo lo que sólo era hipotético.

Montoro, La Razón

Esa ha sido la «burbuja financiera» que, al estallar con la llegada de la crisis, ha hecho un agujero inmenso en buena parte de tales instituciones.

Agujero que, en nuestro caso, se agrandó con la aparición en escena de los políticos, que empezaron a manejar las Cajas de Ahorro como bancos regionales o incluso comarcales, listos a financiar cualquier iniciativa populista o, sencillamente, a meter dinero en el bolsillo de un familiar, amigo o correligionario. Era, en el fondo, un «sistema Ponzi» a nivel nacional o internacional y lo que es peor: con el visto bueno de las autoridades correspondientes. Así es cómo han terminado en bancarrota los bancos y las cajas de ahorro, que más bien habría que llamar de derroche.

Hay que salvar bancos y cajas porque no puede permitirse que los depositarios se queden sin sus ahorros. Pero no hay que permitir que los causantes del desastre se lleven indemnizaciones millonarias. Más bien, pedírselas.

Las recomendaciones específicas para España que maneja la Comisión Europea para el epriodo 2012-2013.

1. Implementar la estrategia fiscal como está planeado, presentar medidas multianuales concretas y detalladas para apuntalar los objetivos presupuestarios para 2013 y los años siguientes y garantizar la consecución de los objetivos de déficit, en todos los niveles de la Administración. Esto incluye la adopción de medidas adicionales en las comunidades autónomas en línea con los planes de ajuste aprobados y aplicando estrictamente las nuevas provisiones de la Ley de Estabilidad en cuanto a transparencia y control del Presupuesto. A partir de 2013, asegurar una estructura del ajuste adecuada para asegurar que se hacen los progresos suficientes para lograr los objetivos de déficit a medio plazo, incluido el cumplimiento del techo de gasto. Establecer una institución fiscal independiente que proporcione análisis, asesoramiento y control de la política fiscal. También deberá estimar el impacto presupuestario de la legislación propuesta. [Todas las recomendaciones específicas a los países serán revisadas en función de si se concede un año adicional para corregir el déficit excesivo].
2. Acelerar el aumento de la edad de jubilación e introducir los factores de sostenibilidad previstos en la reciente reforma de las pensiones y apuntalar la Estrategia de Empleo Global para los trabajadores mayores con medidas concretas para desarollar una formación que se dilate en el tiempo y mejorar las condiciones de trabajo y fomentar la reincorporacíon de este colectivo al mercado laboral.
3. Poner en marcha un sistema tributario consecuente con los esfuerzos de consolidación fiscal y que impulse más el crecimiento, incluyendo un desvío de los impuestos al trabajo hacia los gravámenes al consumo y sobre el medio ambiente. En concreto, dirigir el escaso ratio de ingresos del IVA ampliando sus bases imponibles. Asegurarse de que disminuye la desviación de los impuestos que favorece a las familias endeudadas y propietarias de una casa (por oposición a los inquilinos).
4. Poner en marcha la reforma del sector financiero, en particular identificando y afrontando la situación de las instittuciones que aún son débiles, impulsar una estrategia completa para tratar efectivamente con los activos en los balances de las entidades. También habrá que definir una postura en la financiación y uso de las ayudas a la banca.
5. Poner en marcha las reformas del mercado de trabajo y tomar medidas adicionales para aumentar la efectividad de las políticas laborales aumentando sus objetivos, impulsando la formación y los servicios de asesoría en los empleos; fortaleciendo sus vínculos con las políticas pasivas e impulsando la coordinación entre los servicios de empleo nacional y los de las comunidades autónomas, incluido la información compartida sobre las ofertas de empleo.
6. Implementar el Plan de Acción Juvenil, en contreto en lo que se refiere a la calidad del mercado laboral y la relevancia de la formación vocacional y la educación, e impulsar los esfuerzos para reducir el fracaso escolar y aumentar la participación en la educación vocacional y formación a través de la prevención, intervención y medidas de compensación.

Traducción: EL PAÍS