Dos sindicatos policiales acusan en vídeo al investigador del Faisán del chivatazo

El SUP presenta al juez Ruz una simulación animada en la que dice que la delación se hizo junto al despacho del magistrado Grande Marlaska.
Así fue el chivatazo

F. MERCADO.- El País.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha elaborado para el juez Pablo Ruz una reconstrucción del chivatazo del bar Faisán, una infografía animada, en la que sostiene una tesis simple y explosiva: sostiene que el autor del chivatazo el 4 de mayo de 2006 fue el inspector Carlos Germán, precisamente el jefe del equipo policial que entonces investigaba la red de extorsión etarra y que luego dirigió las pesquisas sobre tal soplo. Y que, además, lo hizo mientras salía del despacho del juez de la Audiencia Nacional que dirigía Fernando Grande Marlaska. Además, se exculpa al hasta ahora principal acusado de entregar el teléfono a Joseba Elosua, el policía José María Ballesteros. El sindicato SPP, que atiende la defensa de Enrique Pamiés, jefe superior de policía del País Vasco, también acusa a Germán del chivatazo.


Las defensas de los dos agentes imputados en el caso Faisán -operación contra el aparato de extorsión de ETA que se intentó reventar merced a un chivatazo policial el 4 de mayo de 2006? han presentado sendos informes explosivos de conclusiones. Tanto los letrados del jefe superior de policía del País Vasco, Enrique Pamiés, como del inspector José María Ballesteros, han documentado al juez Pablo Ruz que existe otra llamada tan sospechosa como la que le imputan a sus clientes en el momento en que se produjo tal ilegal aviso.
En concreto, ambas defensa destapan que el inspector que entonces dirigía el operativo contra la red de extorsión y hoy investiga -autoinvestiga, en términos de las defensas- el chivatazo cómo alguien pudo alertar a su presa, Joseba Elosúa, recibió una llamada de uno de los integrantes de su equipo a las 12.26 del 4 de mayo de 2006. Esa llamada procede del teléfono de su equipo 609340276, que llevaba uno de los miembros de su equipo (Enrique o Félix). Tiene una duración de 4.45 minutos. Y es "inmediatamente anterior a la precipitada salida de Elosúa del bar Faisán en dirección a la cabina para advertirle al contacto que no baje a España. Y tiene una duración aproximada a la calculada por el equipo investigador". Casualmente, en el listado de llamadas que posee el juez, figura esta llamada como entrante en el teléfono de Carlos Germán, sin embargo no figura como saliente del citado teléfono de sus subordinados.
Ambas defensas denuncian que parte de la opacidad que rodea con quién habló Elosúa en el bar Faisán tras pasarle un móvil un agente es que el juez, hasta la fecha, ha rechazado investigar las llamadas recogidas por las antenas de la telefonía francesa. Y resulta que ambos escritos resaltan mediante pruebas empíricas que el bar Faisán también tiene cobertura de antenas francesas.

«Antipatriotas» y «Bellacos» (Editorial de ABC).

Zapatero congeló pensiones, rebajó los salarios públicos, frenó la ley de dependencia y suprimió el «cheque-bebé» y la deducción de 420 euros



El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, está embarcado en una campaña de desmesuras y descalificaciones, en la que no se conforma con atacar al Partido Popular, sino que desafía con arrogancia a la gran mayoría de la sociedad española.
Si antes eran antipatriotas los que alertaban de la crisis que ya se estaba sufriendo, ahora «mienten como bellacos», según Zapatero, los que dicen que su Gobierno ha recortado las políticas sociales.
El jefe del Ejecutivo puede dar por seguro que España se ha convertido en un país de mentirosos y bellacos, porque son mayoría los ciudadanos que piensan que Rodríguez Zapatero se quedará con la etiqueta histórica de haber mutilado derechos sociales básicos, de haberlo tenido que hacer al dictado de Alemania y Bruselas, y por haberse negado a aceptar la existencia de la crisis.
La pérdida de talante se acelera en Zapatero a medida que la crisis se ceba con más paro, morosidad, desahucios y desilusión colectiva.
Nadie «miente como un bellaco» por limitarse a constatar lo que ha hecho Zapatero desde ahora hace un año, cuando volvió de Bruselas intervenido y aleccionado por Angela Merkel. Claro que ha recortado las políticas sociales.
Lo ha hecho congelando pensiones, rebajando los salarios públicos, frenando la ley de dependencia, quitando el «cheque-bebé» y suprimiendo la deducción de 420 euros.
La osadía de Zapatero con este desplante a los muchos millones de pensionistas, dependientes, funcionarios, madres y demás ciudadanos en precario es toda una prueba irrefutable de lo desconectado que está el presidente del Gobierno de la realidad española.
Y más allá de lo que supone este desfase entre el gobernante y el país, las palabras de Zapatero revelan la contumacia de la izquierda en apropiarse de los valores que luego arruina con su gestión, proclamando una superioridad moral sobre la derecha que solo existe en sus propagandas, pero no en sus balances de gobierno.
No hay política social defendible en un mandato que acumula cinco millones de parados, sin crecimiento económico y, además, con una inflación en auge que agrava aún más los recortes a pensiones y salarios. Es ofensivo para un país paralizado que el presidente del Gobierno saque pecho de lo que no dejan de ser sus filias y fobias personales.
Zapatero ha decidido ir por libre, perjudicando con su soberbia al PSOE, y rozando el ridículo con golpes de efecto inútiles, como la cancelación del viaje a Oslo para descender, como un «deus ex máchina», en el diálogo de sindicatos y patronal sobre negociación colectiva.

El choque de las placas ibérica y africana provocó el terremoto en Murcia

Imágen: El País.
El terremoto que ha sacudido Murcia este miércoles tiene su origen en la interactuación de dos placas tectónicas, la ibérica, que a su vez forma parte de la europea, y la africana.
El movimiento continuo de estas placas de la corteza terrestre es lo que convierte el sureste de la Península, la Bética, en «una zona sísmicamente activa», lo que provoca que de manera «esporádica» se produzcan seísmos e, incluso, se formen volcanes, explica el profesor de Geología José López Ruiz, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
En el caso del terremoto que ha llevado la tragedia a Murcia, se ha producido una «fractura» que ha provocado el seísmo tras haber «colisionado» las placas.
Precisamente, el hecho de que el origen sea un choque de placas y no una subducción -es decir, que el borde de una de las placas se deslizara debajo de otra- lo que lo diferencia de otros terremotos más catastróficos, como los que se producen en Indonesia, Chile o Japón, señala López Ruiz.
En el país del sol naciente, por ejemplo, se sitúa en el borde circunpacífico, donde una placa subduce bajo la otra y donde se libera una mayor cantidad de energía, causando alteraciones mucho más desastrosas, como se pudo comprobar recientemente.
No es previsible, por ello, que puedan registrarse en la zona del sureste peninsular terremotos de magnitudes mayores a los 5,1 grados de esta ocasión.
Las réplicas del seísmo en la zona de Murcia pueden sucederse a lo largo de «unos cuantos días», según indica el experto del CSIC, si bien «puede que no lo perciban las personas y solo lo detecten los sismógrafos». La explicación es que, «hasta que el sistema se estabilice y vuelva a la normalidad, tiene lugar una serie de movimientos que lo devuelven a la situación original».
Según José López Ruiz, este terremoto no tiene nada que ver con otros como los de Japón ni se está viviendo un aumento de movimientos sísmicos en el globo que haga previsible que repita este tipo de fenómenos en España. «Tiene que ver con que la Tierra es un planeta activo, con energía, que se manifiesta a través de un volcán o un seísmo».

No me creo que ésto lo haya podido escribir don Gregorio Peces Barba.

"Este no es tiempo suficiente para cambiar nada. El hombre sigue siendo inédito. Hace las mismas cosas, las mismas trastadas, tiene los mismos niveles de imbecilidad y se revuelve contra aquello que le lleva la contraria".

TRIBUNA: GREGORIO PECES-BARBA.- El País. 11 de mayo 2011
Reproche a los madrileños resignados

*.- A primera vista, podría parecer poco adecuado no halagar a los electores que queremos que voten al PSOE en la Comunidad y en los Ayuntamientos.
*.- Mucho menos parece sensato regañarles y reprocharles su apatía, su distancia de la política y su resignación.
Sin embargo, quizás sea necesaria una sacudida y una bronca que abra los ojos, active las conciencias y despierte la memoria histórica de la tradición progresista de los madrileños.

Probablemente solo criticando la actitud pasiva, apática y sin empuje, se pueda dar el vuelco imprescindible que necesitamos.
No debemos dejar el poder a esos sectores casposos, llenos de rencor y sedientos de riquezas.

(...)  No hicimos los socialistas ni la Transición, ni la Constitución con el Rey, con Adolfo Suárez y su UCD, con los nacionalistas más integradores para facilitar el acceso al Gobierno a los antiguos franquistas a los sectores más conservadores y reaccionarios de la sociedad.

El PP tiene sectores democráticos modernos pero su silencio, y sobre todo el de Rajoy, aumentan el impacto y los gritos de doña Esperanza y sus corifeos afines, Mayor Oreja o Camps, integristas, populistas, que han traicionado el espíritu de la vuelta a la democracia, las esperanzas de una transformación desde la libertad y la igualdad y que han adormecido a muchos ciudadanos, también muchos madrileños, para que olviden el sueño de la razón y la utopía progresista que ha sido su meta más querida y más deseada.
No debemos dejar paso a esos sectores casposos, llenos de rencor y sedientos de riquezas.
El vuelco necesario debe hacerse con sentido práctico y desde posibilidades reales y no con sueños imposibles ni con esfuerzos inútiles. Es evidente que solo se puede alcanzar este objetivo con el liderazgo y con el impulso del Partido Socialista, aquí en el Madrid de Tomás Gómez, excelente candidato y un político honrado dispuesto a sacudir las políticas retrógradas y a encabezar a todos los sectores progresistas para que la señora marquesa consorte no siga gobernando en Madrid.
Idéntica operación se debe realizar en pueblos y ciudades de la Comunidad para conservar Ayuntamientos de izquierdas o para conquistar aquellos que están en manos conservadoras desde el liderazgo del candidato más emblemático que es Jaime Lissavetzky.
En cada circunscripción municipal es fundamental en esta operación la presencia y la colaboración de Izquierda Unida, que debe ser tratada con el respeto y la consideración que merece y con la valoración del puesto que ocupa en la izquierda española.
No son tiempos para aventurerismo ni para políticas como las de las dos orillas de la etapa de Anguita. Lo son para el juego limpio y la lealtad recíproca para acabar con la pesadilla del dragón que representa la señora Aguirre.

¡Madrileños, despertad! No debéis olvidar vuestras raíces ni renunciar a vuestra historia. Seguid el camino de Stéphane Hessel, ese anciano francés lleno de coraje y de juventud que ha revuelto las conciencias con su pequeño libro ¡Indignaos! -prologado por otro anciano ejemplar, José Luis Sampedro, un economista heterodoxo y un escritor de talento-, en el que se comunican ideas para evitar el pesimismo ante la evitable victoria de la señora Aguirre y de sus correligionarios en la Comunidad de Madrid.
No podemos resignarnos, sino que debemos luchar sin descanso en defensa de nuestra dignidad, para evitar la catástrofe moral que supondría una derrota anunciada y soportada por unos madrileños que habrían dejado de luchar. Con Tomás Gómez en cabeza y desde el reproche a los madrileños resignados, luchemos francamente para ser dignos de respeto y ganar al pesimismo, a la desgana y al derrotismo. ¡Vale la pena!.
Gregorio Peces-Barba Martínez es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid.

Añado:
"Existe gran número de personas que no tienen durante su vida más que una idea, y por lo mismo no se contradicen nunca. No pertenezco a esa clase; yo aprendo de la vida, aprendo mientras vivo, y, por lo tanto, aprendo hoy todavía. Es posible que lo que hoy es mi opinión, de aquí a un año no lo sea, o lo considere erróneo, y me diga: ¿Cómo he podido tener esa opinión antes?. Bismarck.

La justicia es ciega.

"Es impropio y lamentable que el Tribunal Constitucional incurra en el exceso de imputar al Tribunal Supremo que haya constituido una simple sospecha en argumento jurídico para excluir a los candidatos de la coalición Bildu de su derecho a la participación política".
Esta afirmación se desprende del voto particular del magistrado Manuel Aragón, el único de los jueces del TC nombrados a propuesta del PSOE que votó en contra de conceder el amparo a Bildu.

Junto a Aragón, han hecho públicos sus votos particulares los otros cuatro magistrados que han tratado de evitar que esta marca electoral estuviera presente en las próximas elecciones del día 22.
Se trata de Ramón Rodríguez Arribas, Javier Delgado, Francisco Pérez de los Cobos y Francisco Hernando, todos ellos nombrados a propuesta del Partido Popular.
Los cinco defienden en sus votos discrepantes que el Tribunal Supremo se valió de numerosos documentos como "pruebas incidiarias" para impedir a Bildu concurrir a los comicios.
Además, estos cinco jueces coinciden en que no le corresponde al Tribunal Constitucional valorar de nuevo esas pruebas sino revisar si se ha producido la vulneración de los derechos fundamentales de esta marca electoral; un extremo que todo ellos rechazan de plano.
En este sentido, en su voto particular, el magistrado Francisco Pérez de los Cobos crítica duramente la sentencia de la mayoría del TC al afirmar que "el Tribunal Constitucional no puede alterar los presupuestos fácticos determinados en la vía judicial, ni revisar la valoración del material probatorio efectuado por los tribunales ordinarios".

Por su parte, el magistrado Javier Delgado recalca que hay que partir de la base "obvia de que probar la continuidad de un partido ilegalizado es una cuestión compleja (...) por lo que difícilmente podrán encontrarse pruebas directas".

"La convicción judicial de la existencia de una estrategia defraudatoria tendente a dar vida a los partidos ilegalizados a través de las candidaturas cuya proclamación ha sido anulada se funda en el presente caso en la concurrencia de una serie de elementos probatorios que, apreciados en su conjunto han llevado a la Sala del 61 del Supremo, llega a la conclusión de que aquellas candidaturas de la coalición recurrente Bildu han sido instrumentalizadas en su provecho por los partidos ilegalizados y disueltos por la sentencia de 27 de marzo de 2003- en referencia a la sentencia que ilegalizó Batasuna por ser el brazo político de ETA", señala la minoría del TC.

"El TS ha constatado que ha quedado acreditada una operación política del llamado complejo ETA/Batasuna para utilizar, con fines de sucesión política, un elevado número de candidaturas electorales de los partidos legales Eusko Alkartasuna y Alternatiba, operación consumada con la constitución a tal efecto de la coalición electoral Bildu", señala en su voto particular Aragón.

Además, estos cinco magistrados sostienen que al pretender Bildu cometer un fraude de ley –ya que para los jueces discrepantes sus miembros son los herederos de Batasuna- se afinan cada vez más las estrategias. "Carecería de sentido que, pretendiéndose realizar un fraude, se presentasen candidatos "contaminados", cuando ello, como es perfectamente sabido hubiese llevado por sí sólo y directamente a la anulación de las candidaturas", subraya Aragón.
"Quienes van a cometer un fraude no acuden al notario, ni se exponen a ser fotografiados en su intento, antes al contrario, lo ocultan meticulosamente para hacer más difícil su descubrimiento", añade Rodríguez Arribas.

En su voto particular, este mismo magistrado recuerda que desde el año 2003 "los integrados en el complejo ETA-Batasuna han intentado sin descanso y en cada convocatoria electoral, acceder a las instituciones, burlando la prohibición jurisdiccional y han ido aprendiendo de las sucesivas resoluciones que se lo han impedido, haciendo cada vez más difícil el descubrimiento del fraude y con ello su eliminación".
Rodríguez Arribas perfila la estrategia de Batasuna en esta ocasión: "El procedimiento empleado ha consistido en utilizar dos partidos políticos ya existentes –Eusko Alkartasuna y Alternatiba- pero de presencia institucional y afiliación decrecientes, para constituir una coalición electoral con independientes que, curiosamente, (...) salen de una izquierda abertzale que sociológicamente coincide con ETA-Batasuna".
"Los partidos coaligados Eusko Alkartasuna eran plenamente conscientes de la instrumentalización por el complejo ETA-Batasuna de las candidaturas de la colación Bildu" por lo que ambas formaciones han actuado "como cooperadores necesarios en la materialización de la continuidad fraudulenta de los partidos ilegalizados y disueltos en su día por su vinculación con la banda terrorista", añade Manuel Aragón.

Asimismo, los jueces discrepantes coinciden en que es un error creer que el rechazo a la violencia de Bildu es real. Máxime cuando,subraya Francisco Hernando, expresidente del Tribunal Supremo, "en los comicios electorales las condenas de la violencia han sido recomendadas por la propia ETA, que ha llegado a dar instrucciones y pautas de actuación precisas al respecto, a fin de dar una apariencia de distanciamiento de ella a quienes formalmente se presentan como colectivos no relacionados con el grupo terrorista".

Para estos cinco magistrados tampoco es un motivo de peso como para validar las 254 de Bildu el hecho de que la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) contemple que sus candidatos puedan ser inhabilitados en cualquier momento de la campaña electoral si se demuestra su connivencia con Batasuna-ETA. Esta idea, alegan, no puede servir para frenar la ilegalización de un partido.

Ángela Martialay.

Bildu presenta un programa «copiado» de la hoja de ruta de ETA.

Los dirigentes de la coalición pidieron un estatuto de autonomía común para el País Vasco y Navarra.

Bildu no ha tardado mucho tiempo en dar cumplimiento al programa establecido previamente por ETA para la coalición.
En un acto celebrado ayer en Pamplona, sus representantes dieron a conocer el programa para el Parlamento de Navarra.

El primer punto, y más importante, es «la creación de un órgano institucional que elabore un Estatuto de Autonomía para» las tres provincias vascas y la Comunidad Foral, que deberá ser refrendado «por la mayoría de la ciudadanía de cada territorio».
Lo que ha dado en llamar «Proceso Democrático», que incluía la coalición con Eusko Alkartasuna, integrante de Bildu, está explicado en un documento, que fue aportado por la Guardia Civil a la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
En él se detallan los planes para lograr la anexión de Navarra al País Vasco. «El acuerdo político para formar un nuevo marco se produciría cuando los dos territorios (País Vasco y Navarra), y sólo los dos territorios a la vez, refrenden la opción de unir las cuatro regiones. Este acuerdo político tendría la forma de Estatuto de Autonomía Nacional.
Allí establecería los niveles de autonomía del Marco Democrático, las competencias estratégicas y el calendario y mecanismo para crear un nuevo estado, dice el documento de la banda. Es cierto que hay partidos vascos que defienden un País Vasco unido con Navarra, pero, en el caso de Bildu, se trata de una coalición en la que se ha integrado la izquierda abertzale, el brazo político de ETA, y responde a los planes diseñados por los terroristas para estar en las elecciones.
El supuesto respeto a la voluntad popular y la celebración de referendos, se produciría, según el documento, sin que ETA desapareciera (lo que ocurre en la actualidad) y con la condición de una nueva negociación con el Gobierno. La banda se reserva, como ha hecho siempre, el papel «vigilante», de «garante» de que los acuerdos sean cumplidos.

Investigación
Expertos antiterroristas, consultados por LA RAZÓN, subrayan que nos encontramos ante un hecho que pone de manifiesto que Bildu sigue la estrategia marcada por ETA y que no se debería esperar a nuevas verificaciones para actuar contra la coalición. En el citado documento, ETA detalla los puntos que deberían ser tratados en la negociación, entre los que figuran, tal y como adelantó este periódico en su edición de ayer, medidas a favor de los presos. Asimismo, se exige lo que los pistoleros denominan «desmilitarización» (la salida de las Fuerzas de Seguridad y Armadas del País Vasco y Navarra).
Los terroristas recuerdan que tienen todo el derecho a dirigir el «proceso», «porque la lucha de Euskal Herria, y el largo periodo de lucha desarrollado, fuerza a eso y posibilita cristalizarlo de esa forma». «ETA, como consecuencia de su papel histórico político y de que pacta con el Estado, se debe entender como garante activo del proceso de facto. En ese sentido, actuará a través de la carta de disuasión de la ruptura militar del proceso». Es decir, amenazará con romper el alto el fuego cuando las cosas no vayan por el camino que les conviene.

Quizás sea la solución.

EL CRIMEN DE ESTADO DE LOS SOCIALISTAS y las Elecciones del 22M:

Un 64% -que llega al 70% entre los votantes del PSOE- cree que detrás está ETA
VICTORIA PREGO.- 08/05/2011.

Un 60% contra la legalización de Bildu; sólo un 27% a favor.

Un 64% -que llega al 70% entre los votantes del PSOE- cree que detrás están ETA o Batasuna.

Un 44% piensa que el Gobierno ha influido en el TC a favor de legalizar a Bildu y un 41% que no.

Un 52% opina que la sentencia será negativa para la lucha antiterrorista y un 27% positiva

El Gobierno no ha logrado escapar del veredicto condenatorio de los ciudadanos en la adjudicación de la responsabilidad real, no oficial, de la decisión de legalizar a Bildu y con ella a todos los llamados «independientes» que dominan de manera aplastante las listas electorales de esta coalición.
Además, y según el sondeo de Sigma Dos para EL MUNDO, los electores están en riguroso desacuerdo con haber dado vía libre a Bildu.
Frente a un exiguo 27% que aprueba la decisión, casi el 60% expresa su rechazo a la legalización de la coalición porque -en una proporción aún mayor (63,8%), que en el caso de los votantes del PSOE llega nada menos que al 70%- considera que lo que ha hecho en realidad el Tribunal Constitucional es legalizar Batasuna, detrás de la cual sigue estando ETA.
Esto mismo es lo que afirmaba hace apenas 10 días el propio vicepresidente primero y ministro del interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Se ve que a los españoles no se les ha olvidado su voz cuando el martes 26 de abril, y en la sede de su propio ministerio, afirmó con toda claridad: «Bildu está en la estrategia de ETA. Cuando uno mira la estrategia de ETA, ahí aparece Bildu», antes de añadir, con toda razón, además, que los informes de la Policía y de la Guardia Civil eran «buenos informes» y estaban «muy bien documentados».
Por esa razón quizá, casi el 60% de los ciudadanos preguntados está en desacuerdo con que la coalición se haya legalizado. En esto siguen secundando impertérritos las afirmaciones que, hasta muy poco antes de que el Constitucional diera a conocer su sentencia, hicieron públicamente líderes políticos de la importancia y el peso del vicepresidente primero del Gobierno.
Y en esto no hay fisuras porque, separados por segmentos, los hombres, las mujeres, los jóvenes, los menos jóvenes, los maduros y los jubilados dicen lo mismo: rechazan esta legalización. Pero es que la respuesta tiene una derivada política del máximo interés y es la de que la aplastante mayoría de los que se declaran votantes socialistas muestran el mismo desacuerdo, la misma oposición que todos los demás. Un 58% de seguidores del PSOE se opone a lo que ha sucedido y eso puede tener sin duda un nuevo coste político para el partido hoy en el Gobierno. Un coste que ha de sumarse a los ya conocidos del rechazo que han expresado sus bases a las políticas llevadas a cabo por el presidente Zapatero en esta última legislatura.
En esta clave hay que explicar, por tanto, la decisión de la cúpula socialista de no abordar ni de refilón el tema Bildu durante la campaña electoral. Por descontado, pero esto ya no es ninguna sorpresa, los votantes del PP muestran de manera abrumadora su desacuerdo con la legalización de la coalición: nada menos que el 86% de los que se declaran seguidores del partido conservador se opone a lo sucedido.
Y también, ojo a este dato, se oponen los votantes de Izquierda Unida, a pesar de que su líder Cayo Lara haya expresado repetidamente en público su deseo, casi exigencia democrática de que Bildu fuera legalizada. Sin embargo, y a tenor de este sondeo, el 49,3% de sus votantes, es decir, casi la mitad, expresa su rechazo a la sentencia del Constitucional.
También es verdad que no se culpa de forma abrumadoramente mayoritaria al Gobierno socialista de lo ocurrido. En el cómputo general aparece, en efecto, un (44,4%) que cree que ha sido el Ejecutivo el que ha influido sobre los magistrados para que revocaran la sentencia del Supremo. Pero un nada desdeñable 40,7% piensa que el Gobierno no ha tenido la culpa, dicho en crudo, de lo que han hecho los jueces.
Esa relación de una ligera mayoría que le adjudica la responsabilidad no se mantiene, además, en todos los segmentos: los jóvenes creen mayoritariamente que el Gobierno ha presionado al TC; los de 30 a 44 años creen que no; los mayores de 45 opinan con gran diferencia (50,7%) que sí y los jubilados se dividen casi por la mitad.
Donde las distancias se disparan es en los segmentos de adscripción ideológica: los votantes del PSOE en absoluto creen al Gobierno capaz de semejante cosa (58,2%) mientras los votantes del PP no albergan la más mínima duda (78%) de que los magistrados que votaron a favor de la legalización de Bildu y que en su día fueron nombrados para sus puestos por el PSOE, han sido claramente presionados por el Ejecutivo. Los votantes de IU se inclinan por exonerar al Gobierno y a sus ministros de una maniobra así. Pero, hay que insistir en esto, en el cómputo general aparece una división de opiniones que quizá se vaya decantando con el paso de los días. Sobre todo si al final el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, acaba contando qué cosas «que no se pueden contar» en este momento hizo él para conseguir que Bildu fuera legalizada. Suele ser cuestión de tiempo.

Bildu es ETA.
En todo lo demás, los españoles consultados por la empresa Sigma Dos para EL MUNDO demuestran tener muy clara cuál es la verdad y cuál la mentira en torno a los ciudadanos vascos a los que Batasuna ha conducido hasta las candidaturas. El 63%, por ejemplo, coincide con las interpretaciones oficiales de hace días según las cuales ETA o Batasuna están detrás de Bildu. Y aquí no hay discrepancias sino todo lo contrario: la proporción de los que están convencidos de que la coalición recién legalizada esconde a los proetarras y que éstos siguen la estrategia de los terroristas se mantiene inalterada en todos los segmentos y siempre por encima del 60%. Pero es que los votantes del PSOE superan ampliamente a la mayoría registrada en el cómputo general: casi el 70% de los seguidores socialistas (69,9%) opina eso, que Bildu es Batasuna y ETA con otro nombre. Otra cosa es que, como ya se ha señalado antes, el porcentaje de los que, siendo partidarios del PSOE, discrepan de la legalización se reduzca en 10 puntos más o menos respecto de quienes tienen clarísimo cuál es la verdadera identidad de Bildu.
Más templados son los votantes de Izquierda Unida, que, aún siendo clara mayoría (50,5%) los que opinan lo mismo que todos los demás, tienen un 25,6% que piensa que no, que Bildu es otra cosa distinta de ETA. Pero aquí hay que señalar al descomunal porcentaje de casi un 24% de los que se posicionan a la izquierda del PSOE que se refugia en un inmaculado y tranquilizador No sabe No Contesta.
Por lo que se refiere al futuro, aquí nadie cree que esta legalización vaya a ayudar a acabar con el terrorismo en España.
Nadie es nadie, ni en el cómputo general ni en ninguno de los segmentos. Los porcentajes de los descreídos se imponen claramente -en torno al 50%- sobre quienes esperan ver la luz de la paz una vez que los de Bildu tomen posesión de sus escaños. El sector de los optimistas oscila entre un 20 y un 30% de los consultados. Muy escaso porcentaje, habida cuenta de la importancia de la decisión adoptada. Y, como era de prever, son los votantes del PP los que en mayor medida (80,4%) afirman que esta legalización no servirá para que los terroristas dejen de amenazarnos.
Pero es que también es negativa la opinión de los ciudadanos sobre los efectos que la decisión del TC va a tener en la situación política del País Vasco. El 42,3% opina en ese sentido y, salvo los votantes de IU, sector en el que los optimistas (37,2%) superan por muy poco a los pesimistas (35,6%), el resto de los ciudadanos no espera nada bueno de lo sucedido la semana pasada. Bien es verdad que, según señalan los expertos, la posición de la opinión pública en el País Vasco es distinta de la del resto de España y es allí donde se alberga la clara esperanza de que la entrada de los proetarras en las instituciones se vea compensada con un alineamiento definitivo de los radicales en las filas de la democracia y una retirada voluntaria de los terroristas y su renuncia definitivamente a la violencia. Y, dado que la decisión del Constitucional es irreversible, ya sólo queda esperar a que los optimistas tengan, esta vez, razón.