Y ni una sola bandera republicana

¿Qué ha pasado con esas banderas republicanas que no se os caen de las manos en las manifestaciones, hijos míos?
ANTONIO BURGOS. ABC. 14/07/2010
CUANDO el español se echa a la calle en manifestación, hay dos cosas que me chocan: las horribles enseñas de plástico rojo con las siglas de los sindicatos y las banderas republicanas. No hay manifestación que se precie donde no aparezcan esas sindicales banderas de plástico modelo chuchiperri, que parecen compradas en las tiendas de los chinos, de un tamañito ridículo de chico. Y nada hablo de las banderas republicanas, de las que ya dije que les sacan tan mal el color histórico de la franja morada, tan virado a sudaca, que parecen como de algún país hispanoamericano más que una antigualla anticonstitucional.
¿Que hay una manifestación de los trabajadores de una fábrica que va a cerrar tras el ERE? Allá que está, y no sé por qué, la bandera republicana, que no sé qué tendrá que ver con el cierre de empresas en quiebra.
¿Que los estudiantes se echan a la calle para protestar con ese plan que tiene nombre de mortadela italiana de la buena, Bolonia? Allá que está, y no sé qué tiene que ver con los planes docentes, con las titulaciones y con los contenidos curriculares, la bandera republicana.
¿Que son los artistas del pesebre de las subvenciones los que se manifiestan por algo que beneficia mucho al PSOE y le da una patada en los mismísimos al PP? Allá que está, con los ricos y famosos y con los titirimundis titulares de la tela marinera apalancada al 1 por ciento de impuestos en una Sicav, la bandera republicana, que no sé qué relación tiene con el chapapote, con el 11-M, con la guerra de Irak o con lo que toque contra Rajoy.
¿Que llega el Día del Orgullo, gay por supuesto, y toca carnaval en carroza donde toda provocación tiene su asiento y toda anomia su proclamación de normalidad? Allá que está, junto a un horizonte arco iris, la bandera republicana, que no sé qué tiene que ver con la por otra parte respetabilísima libertad de Piompa y de tortilla española.
Conclusión: de cada diez españoles que se echan a la calle para protestar contra algo o para proclamar algo, tres o cuatro llevan siempre la bandera republicana y ni uno solo la nacional roja y amarilla; gualda, que dicen los cursis.
Excepto cuando se trata de la selección nacional de fútbol, que entonces España se llena de fachas, de rancios, de carcas, de cavernícolas, que sacan con todo orgullo la bandera nacional, cantan con Manolo Escobar el «Viva España» inspirado por cierto en una cancioncilla de los voluntarios fascistas italianos en la guerra de España, y corean, con música rusa de «Kalinka», que tiene más mérito, lo de «español, español, soy español». ¿Qué ha pasado con esas banderas republicanas que no se os caen de las manos en las manifestaciones, hijos míos de mi alma? Que España haya ganado el Mundial no tiene mérito. Lo que tiene mérito de verdad es que la selección nacional ha conseguido que haya millones y millones de españoles echados a la calle y ni una sola bandera republicana. Ha quedado claro que la bandera tricolor no representa para nada a esta España del 2010 que durante dos días y en todo el territorio, Cataluña y Vascongadas incluidas, ha vibrado con la enseña de la Patria y protagonizado colectivamente el más multitudinario acto de afirmación nacional que vieron los siglos. Ha quedado demostrado que la bandera republicana no es de esta España nuestra.

Meritocracia a la inversa

Joaquín Costa (1848-1911) diagnosticó a principios del siglo XX que el régimen político imperante en España no era sino un régimen oligárquico y caciquil.
España decía, era «una oligarquía de notables»:
*.- España no es una nación libre y soberana y en España no hay parlamento ni partidos; hay sólo oligarquías.
La oligarquía como el «gobierno basado en el censo..., en el cual mandan los ricos, sin que el pobre tenga acceso al gobierno.»
*.- Concluye Joaquín Costa: «No es nuestra forma de gobierno un régimen parlamentario, viciado por corruptelas y abusos, según es uso entender, sino, al contrario, un régimen oligárquico, servido, que no moderado, por instituciones aparentemente parlamentarias.».
En este régimen caciquil que adopta una forma de monarquía parlamentaria, en vez de subordinarse los elegidos a los electores, son éstos lo que están sometidos a los elegidos. Además, tampoco la ley contempla o considera de forma ecuánime a todos los ciudadanos.
Los elementos de la oligarquía son para Costa:

«1º Los oligarcas (los llamados primates, prohombres o notables de cada bando, que forman su «plana mayor», residentes ordinariamente en el centro; 2º Los caciques, de primero, segundo o ulterior grado, diseminados por el territorio: 3º El gobernador civil, que les sirve de órgano de comunicación y de instrumento.».
El cacique es el hombre fuerte de la sociedad o de la comarca, con influencia política, social y económica y base del sistema caciquil y el oligarca, el político profesional de la nación que se apoya en el oligarca para ejercer su poder.
El cacique realiza el trabajo sucio y el delincuente de cuello blanco importante es el oligarca o notable.

Es la clase política, pero, señala Costa, «en las fechorías, inmoralidades o crímenes que forman el tejido de la vida política de nuestro país, el oligarca es tan autor como el cacique, como el funcionario, como el alcalde, como el agente, como el juez, e igualmente culpable que ellos; pero no he dicho bien: esa culpa es infinitamente mayor, y sería si acaso... el instrumento o el cacique quien tendría moralmente razón para negar el saludo al personaje o al ministro, que fríamente y a mansalva armó su brazo, haciendo de él un criminal cuando pudo y debió hacer de él un ciudadano.»

Este Régimen caciquil denunciado por Costa se caracteriza por ser un elitismo de lo peor que bloquea «la circulación de las élites». Los más brillantes e inteligentes son postergados por el régimen caciquil. «es la postergación sistemática, equivalente a eliminación de los elementos superiores de la sociedad, tan completa y absoluta, que el país ni siquiera sabe si existen; es el gobierno y dirección de los mejores por los peores; violación torpe de la ley natural, que mantiene lejos de la cabeza, fuera de todo estado mayor, confundida y diluida en la masa del servum pecus, la élite intelectual y moral del país, sin la cual los grupos humanos no progresan, sino que se estancan, cuando no retroceden.»
El régimen selecciona a lo peor y posterga a lo mejor de los individuos componentes de la sociedad española. En el régimen caciquil oligárquico sólo sobreviven los peores.

Los oligarcas se reparten regionalmente España en áreas de influencia política local. Cada oligarca disfruta de su correspondiente territorio. Estos oligarcas se reúnen en asociaciones o bolsas de empleo llamadas partidos y deliberan en las Cortes. En España no hay Cortes ni partidos políticos más que en caricatura.
Los grupos políticos no responden más que a intereses pasajeros y provisionales personales y particulares de grupos de interés. Por lo demás, el parlamento no representa al país.
Las elecciones son organizadas por el gobierno para obtener el resultado electoral apetecido.
En España hay dos gobiernos: uno fenoménico y fantasmal: el sistema de monarquía parlamentaria, con constitución y elecciones y otro el real, efectivo y esencial que es el caciquismo oligárquico.

Esta oligarquía de la que habla Costa es una oligarquía absoluta, sin ningún poder que la frene o modere. Por encima del Rey está S.M. el Cacique. Así define entonces Joaquín Costa el régimen imperante en la España de 1899: «una oligarquía pura en el concepto aristotélico: gobierno del país por una minoría absoluta, que atiende exclusivamente a su interés personal, sacrificándole el bien de la comunidad.»
La existencia de la oligarquía política compromete la unidad de España y fomenta el secesionismo político y territorial. Para que subsista España como Estado nacional es preciso que desaparezca la oligarquía. «Pueblo que no es libre, no debe esperarse que se preocupe de la bandera.». La oligarquía desnacionaliza España.

Se requiere «una verdadera política quirúrgica». «Para que España pueda ser nación parlamentaria mañana, tiene que renunciar a serlo hoy.»{13} No hacen falta elecciones democráticas. Si el pueblo no tiene voluntad, carece entonces de sentido plantearse el que las elecciones reflejen la voluntad del pueblo. De hecho, en la actualidad, el régimen parlamentario existe sin necesidad de elecciones ni de electores, por lo que «la forma política del Estado español puede definirse diciendo: un «gobierno parlamentario... sin electores».

La solución frente al régimen parlamentario es el régimen constitucional de separación de poderes del Estado. Se trata así de que las Cortes «sean Cortes según el tipo del sistema presidencial o representativo de los Estados Unidos y no según el tipo del sistema parlamentario de Inglaterra».
El caciquismo u oligarquía política descrita afecta también cómo no al aparato judicial consiguiendo así una justicia corrupta y llena de parcialidades y partidismos caciquiles.

En el régimen, criticado por Joaquín Costa, el parlamentario, mayorías y minorías son hechuras del partido gobernante. La representación es inexistente de facto. Los diputados representan a las diversas facciones dentro de la oligarquía. Por ello el consenso es fácil entre todos los oligarcas o caciques.

En esta sitación, «Gran parte de la culpa alcanza a las Universidades: lo que sobre organización política de España enseñan a la juventud es un solemne embuste de la Gaceta: en cambio, de la real y verdadera constitución no le dicen nada. Los catedráticos, con alguna rara excepción quizá, son los principales responsables de que se perpetúe ese convencionalismo criminal que ha postrado a la nación y la tiene en trance de expirar.».

«España, como Estado oligárquico que es, no puede tener ciudadanos conscientes; electores, ni, por tanto, régimen parlamentario, y porque no puede tenerlos no los tiene.».

Nuestra europeización puede llegar por la colonización económica de España por las grandes potencias europeas o porque España se modernice sin dejar de ser España. El dilema según Costa es: o España se europeíza o es europeizada. Si España se europeíza será de acuerdo con su genio y su tradición. Si España es europeizada por las grandes potencias, será borrada del mapa y esquilmada, desaparecerá como tal. La europeización «requiere una revolución desde el poder; revolución muy honda y muy rápida, tan rápida como honda»; «Ahora bien; esa revolución súbita supone como necesaria condición estas tres cosas a la vez: genio político que la promueva y dirija; una organización vieja que no la estorbe; un estado social que la pueda asimilar.»

La prensa a decir de Costa es responsable de la postración de España. Igual que el pueblo español no tiene ni madurez ni capacidad política, tampoco tiene capacidad para leer periódicos de forma crítica y racional.

La opinión no surge de los ciudadanos, sino de los periódicos. Hace falta entonces una reforma también del cuarto poder. El periodismo hace que los ciudadanos abdiquen su facultad de pensar por sí mismos. Como la prensa está en manos de oligarcas, entonces la prensa es sumamente perjudicial para el pueblo español. «Y así ha resultado que eso que llamamos opinión no tiene su fuente en la conciencia de la nación, sino que se forma en las redacciones de dos o tres periódicos; y como, por otra parte, esas redacciones no son, en lo general, cuerpos de tutores, patriciado natural, sino, al igual de la plana mayor de las facciones, cuerpos de oligarcas y de intérpretes y adscripticios suyos –que por esto no dejan oír a su pupilo otras voces que las propias–, el vasallaje práctico del gobernante resulta doblado por el vasallaje teórico del periodista, y entre los dos dan a España, según dije, aspecto de una nación maleficiada.» Con las actuales oligarquías periodísticas es imposible el cambio que pretende realizar Costa en España. La renovación de la prensa pues, es algo que se impone para Costa forzosamente.
El famoso lema que se atribuye a Costa: Despensa y escuela no aparece más que al final de «Oligarquía y caciquismo». Creo que es más profundo otro lema de Costa: Libertad, cultura y bienestar.

Hoy el análisis de Joaquín Costa enunciado en Oligarquía y Caciquismo no ha perdido ninguna actualidad. España es una monarquía parlamentaria oligárquica de partidos.

El Estado de las autonomías ha consolidado y fortalecido el caciquismo local.

Este Estado de las autonomías ha desnacionalizado España y ha propiciado su desmembramiento territorial y lingüístico..

España es una oligarquía de partidos, un Estado de partidos..
La oligarquía ha crecido notablemente y se ha hecho autónoma. 17 territorios autónomos tienen sus correspondientes oligarquías y sus corruptelas locales sin ningún control del Gobierno.
Nacionalismo y liberalismo van de la mano en desmantelar España.

Los nacionalistas apoyan el debilitamiento del Estado para poder ejercitar su política sin restricción alguna.

El Parlamentarismo de Partidos.
*.- Los partidos no tienen estructura democrática. Son órganos del Estado. Están subvencionados por el Estado y son perfectamente incontrolables por los ciudadanos. La corrupción se ha instalado como forma de Gobierno en España.
No hay fuerzas políticas que critiquen al sistema. No hay castigo electoral del gobernante corrupto. Hay servidumbre voluntaria del electorado. Las personas de los partidos se pueden sustituir, los partidos no. El sistema electoral proporciona coartadas e impunidad a los partidos. Se denigra a los corruptos y el partido sigue igual.
Los elementos de la oligarquía son los partidos y su articulación gubernamental, parlamentaria, judicial, autonómica y local. Esta oligarquía posee en torno a sí organizaciones satélites: asociaciones, ONGs., sindicatos, etc. Las subvenciones estatales cuidadosamente concedidas suprimen cualquier conato de independencia y de ataque al régimen.

*.- En las elecciones nada se decide. Los programas de los partidos se parecen cada vez más entre sí y por tanto no constituyen las elecciones ningún mecanismo de formación de la voluntad popular. Las elecciones van adquiriendo un creciente carácter plebiscitario y se convierten en un acto de adhesión inquebrantable al régimen. Los electores se identifican sentimentalmente con el jefe del partido.

*.- La voluntad popular es una metáfora que expresa el dominio absoluto de los partidos sobre las instituciones y la sociedad. Estos partidos designan los candidatos y se reparten el poder institucional del Estado así como sus territorios siguiendo cuotas electorales. El sistema de encasillamiento lo deciden las direcciones de los partidos políticos.

*.- La corrupción ha destruido la función pública. El carnet político ha desplazado al mérito y la competencia profesional en sectores tan vitales para el porvenir como la enseñanza y la sanidad, las empresas y las administraciones, el Estado y las autonomías. En el terreno de la enseñanza se ha operado la demolición del bachillerato y la clientelización de la universidad. Esta corrupción, la del saber es la más duradera.

*.-Las principales decisiones las adoptan los jefes de los partidos en reuniones secretas y en negociaciones al margen del parlamento. Una vez concluidos los acuerdos, el parlamento escenifica el acuerdo con una votación. Es por tanto el parlamento cámara de manifestación no de reunión ni de debate.

*.-El partido gobernante controla el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial mediante el Consejo General del Poder Judicial y mediante el Tribunal Constitucional. No hay división de poderes.
Al pueblo español se le han impuesto:
1. Las reglas del juego oligárquico de los partidos: consenso constitucional.
2. Imposibilidad de investigar al poder ejecutivo debido al consenso parlamentario.
3. La complicidad de la oposición con la corrupción y con la razón de Estado, por el consenso gubernamental de unos gobiernos con otros.
4. Impunidad de partidos, gobernantes y gobierno, consenso jurisdiccional de los jueces.

*.- El poder meramente simbólico del Rey permite a los nacionalismos periféricos utilizar el reconocimiento a la Corona como único lazo de unión con el Estado español para funcionar de hecho como Estados independientes.
*.- Los sindicatos de clase son otra de las grandes estafas: solo mantienen el orden en el gallinero.

ZP el "Maqui" a "velo" de León

http://www.nodulo.org/ec/2010/n100p18.htm

Sobre el libro de José García Abad, El Maquiavelo de León. Como es realmente Zapatero, La Esfera de los Libros, Madrid 2010
Madrileño de 1942, José García Abad es licenciado en Ciencias Políticas y Periodismo, Presidente del Grupo Nuevo Lunes y Director de la revista El Siglo de Europa. Entre sus libros, hay que destacar La soledad del Rey, Adolfo Suárez. Una tragedia griega, Las mil caras de Felipe González, El Príncipe y el Rey, &c. En su última obra, El Maquiavelo de León, intenta ofrecernos un retrato del actual Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

*.-«el Maquiavelo de León». Un hombre en el que «no existe ingenuidad alguna», de «muchos pliegues y recursos», cuyo único objetivo es «mantenerse en el poder a toda costa y a cualquier precio, negociando con ángeles y demonios y, llegado el caso, engañando a todos»;
«un artista del disfraz y un virtuoso en el manejo del ilusionismo y de las nubes de humo»; todo ello supeditado «a la cosecha de votos, al marketing, a lo que indiquen las encuestas».
*.- Un «político profesional, hijo y nieto de socialistas», que «no se ha ganado un euro fuera del PSOE», que «solo permaneció unos meses como «penene» de Derecho Constitucional en la Universidad de León, donde el sueldo no de daría más que para tomar unos cafetitos».
Políticamente, es un hombre rencoroso, que «ni olvida ni perdona».
A ello se une su «mesianismo»: «Él está convencido de que está ungido con un don especial, que es portador de un destino manifiesto, para cuyo cumplimiento se vale él sólo». De ahí que «elija tan mal a sus ministros; a él le ha ido muy bien en la vida y cree que puede arreglarlo todo con su varita mágica».
«Zapatero no es cristiano, pero tiene mucha fe».
Para Rodríguez Zapatero «la política es la vida misma, las 24 horas del día y los 365 días del año».
Vanidoso, el líder socialista «está encantado de haberse conocido», «tiene un altísimo concepto de sí mismo y de sus capacidades»; otros lo consideran «snob» y «caprichoso».
Su arma política es el pacto, cuyo único objetivo es «la continuidad en el poder, el de la supervivencia a toda costa». En ese sentido, la selección de sus ministros no se hace según la valía de éstos, sino «basándose en equilibrios partidarios» y en «gente leal, pero no siempre la más valiosa»; la mayoría son unos «jesuseros». No resulta extraño, pues, que, en la práctica cotidiana, les trate como «secretarios».
Rodríguez Zapatero entiende la gobernación como «espectáculo de masas»; forma parte de la «sociedad Internet, de los mensajes simples y de la aversión a un compromiso político serio».
Es un hombre fascinado por el cine; tiene una «visión cinematográfica de la política y le gusta tratarse con actores y directores». «A él no le va un intelectual de izquierdas profundo como Saramago, que vale para el mundo en que vivimos. Él prefiere relacionarse con Javier Bardem, que, zas, le da la imagen instantánea de hombre de izquierdas».
El líder socialista toma sus decisiones políticas mediante el «cálculo intuitivo»; le gusta el riesgo y tiende a convertir la política en un «acto de fe». Sin embargo, este «Mesías» ha fracasado en sus dos grandes proyectos: acabar con ETA y arreglar el Estatuto de Cataluña.
Otra de sus grandes rémoras es su desdén por la economía. Para él, la discusión sobre los presupuestos del Estado es un «coñazo», «una grosería». De ahí su tardanza en enfrentarse con la crisis. Su Ley de Economía Sostenible no es otra cosa que «un refrito improvisado de normas inconexas, aunque ciertamente inofensivas».

Con respecto a la ideología de Rodríguez Zapatero, García Abad la sintetiza en «Memoria Histórica y Modernidad».
La primera tiene su realización en la Ley del mismo nombre; la segunda en la «extensión de derecho sociales como el matrimonio homosexual o la discriminación positiva a favor de las mujeres».
En el terreno económico, se desarrolla en decisiones fiscales como la deducción de los cuatrocientos euros para pobres y ricos, el cheque bebé igual para todos o la supresión del impuesto sobre el patrimonio; todo lo cual, según el autor, tiene «un cierto aroma de neoconservadurismo».
Influido en la actualidad por autores como Philipp Pettit y Serge Lakoff, en sus primeros pasos como militante del PSOE estuvo al lado de los sectores partidarios de no abandonar el marxismo.
De la misma forma, por aquel entonces se declaraba patriota español y muy crítico con los nacionalistas periféricos. Ahora, admira a Santiago Carrillo, quien suele denominarle el «Lenin español», como a Largo Caballero.
Para García Abad, Rodríguez Zapatero carece de «corpus ideológico integrado». «Es instintivamente de izquierdas, pero le falta sistema».
La conclusión del autor no deja de ser desoladora: «El día que ZP caiga nadie va a llorar por él».
* * *
Llama la atención, sin embargo, en El Maquiavelo de León la animosidad con que está escrito, siendo quién es su autor. Como ya hemos señalado, García Abad es director del semanario El Siglo de Europa, hasta hace poco tiempo, y aún hoy, órgano doctrinal de Rodríguez Zapatero. En sus páginas colaboran, entre otros, Enrique Sopena, auténtico hooligan del zapaterismo y director de El Plural, un libelo digital digno de estudio psiquiátrico; y Santiago Carrillo, convertido el icono-fetiche histórico de los socialistas. Lo cual hace sospechar que el contenido de esta obra es, en alguna medida, resultado de un ajuste de cuentas entre las diversas facciones del PSOE; y quizá del traslado de ciertos fondos a otros periódicos y revistas. La visible decadencia de la otrora rutilante estrella de Rodríguez Zapatero puede explicar igualmente el tono y los negativos juicios de valor de García Abad. En consecuencia, no estamos ante un estudio sereno y ponderado con pretensiones de objetividad sobre la figura y las ideas de Rodríguez Zapatero. La obra tiene por base testimonios personales de adversarios del actual secretario general del PSOE.

En el primero de los casos, sería, a lo sumo, un «Maquiavelo de aldea», tal y como definía Fernando Claudín a Santiago Carillo. Y, en el segundo, encarnaría el anti-Maquiavelo, porque el líder socialista es todo menos un nacionalista español. Es más: puede ser definido como uno de los grandes enemigos de la nación española.

Rodríguez Zapatero es un hombre favorecido por la «fortuna», pero carente de «virtud». Su llegada al poder fue absolutamente fortuita, consecuencia, no de su astucia, sino de un conjunto de fuerzas no controladas por él, en parte la escasa habilidad de la elite del Partido Popular a la hora de administrar políticamente las consecuencias del atentado del 11 de marzo de 2004 y de la capacidad de movilización del conjunto de las izquierdas, no únicamente del PSOE, para aprovechar dicha coyuntura. Antonio Negri, ideólogo de las Brigadas Rojas, denominó a esta capacidad de acción «la Comuna de Madrid»; según él, «gracias a los teléfonos móviles se logró movilizar en tres días a la izquierda española contra las sedes de la falsificación y a poner en crisis al Frente de Aznar», lo que condujo a «cercar las sedes del poder y a derrumbar en tres días las previsiones de los sondeos».

De hecho, todos los proyectos políticos del líder socialista han sido –y son, y serán mientras ocupe la jefatura del Gobierno– un desafío a la estabilidad de nuestro Estado-nación. De ahí que Rodríguez Zapatero pueda ser definido como el Anti-Maquiavelo; y no precisamente en el sentido defendido por Federico de Prusia.

En primer lugar, hay que destacar su política radicalmente antinatalista. No es ningún secreto que la sociedad española padece un profundo problema de natalidad, que pone en cuestión la existencia del Estado benefactor y, a largo plazo, nuestra estabilidad social y la propia continuidad de nuestra identidad cultural como pueblo.
Una sociedad afectada por una natalidad insuficiente como la española tiene el problema de un conjunto de la población cada vez más envejecida, más personas en edad de percibir prestaciones y menos personas en edad de pagar en forma de cuota de la Seguridad Social e impuestos. Y más cuando aumente el número de personas de mayor edad, las de más de 85 años. Según los expertos, dentro de cinco años la Seguridad Social deberá de hacer a unos gastos que superan a los ingreso; y estará en quiebra contable. Hasta ahora, Rodríguez Zapatero y su gobierno no han hecho nada al respecto, como tampoco lo hicieron los gobiernos de José María Aznar; incluso ha negado la existencia del peligro. Pero no es sólo eso; es que las medidas del Gobierno han contribuido –y contribuyen– al estrangulamiento demográfico, mediante una serie de leyes como las del aborto, el divorcio y matrimonios homosexuales. El número de abortos ha aumentado espectacularmente en los últimos años, y particularmente, todo hay que decirlo, a lo largo del período Aznar; lo que tiene un efecto importante en el descenso demográfico. Además, desde la postura antinatalista gubernamental, se ha propiciado el trabajo de las mujeres sin condiciones para la maternidad, y de manera más acusada la precariedad y el paro.
La reciente Ley del Divorcio convierte, de hecho, el matrimonio en un contrato inútil, ya que consagra el reconocimiento de la infidelidad conyugal; y no se requiere ninguna causa para su anulación. Por su parte, la legislación del matrimonio homosexual tiene como consecuencia una clara alteración de los fines y de la naturaleza de la institución familiar. Y es que en la medida en que los roles tradicionales de la institución son modificados hasta hacerlos irreconocibles, ésta se ve impedida para ejercer sus funciones. Deja de ser una estructura constructora de la sociedad sin que existan otras que la sustituyan. Sin la existencia de roles bien definidos de padre-madre-hijos, se difumina el control de los comportamientos y, con ello, la cohesión social; y, lógicamente, también en la economía. Singularmente grave a ese respecto, resulta la influencia de la ideología de género que justifica la homosexualidad, deslegitima la heterosexualidad y fomenta la cultura de la muerte.

En segundo lugar, su gestión económica ha sido, ahora lo estamos viendo con suma y dramática claridad, pésima. Desde el verano de 2007, el mundo se encuentra sumido en una crisis económica terrible, de dimensiones y consecuencias que sólo encuentran paralelo en la Gran Depresión de 1929. En un principio, Rodríguez Zapatero negó la crisis; lo que impidió tomar a tiempo las medidas necesarias para limitar su alcance y facilitar la recuperación.
La política económica de los socialistas ha sido costosa, ineficaz y clientelar, persiguiendo obtener el apoyo político de distintos colectivos, desde comunidades autónomas afines políticamente hasta grupos de variado perfil: jóvenes, inmigrantes, etc.
Del lado de los ingresos, la medida más llamativa, costosa e ineficaz ha sido la devolución de los cuatrocientos euros a todos los contribuyentes, independientemente de su nivel de rentas, vigente apenas dos años fiscales.
Del lado de los gastos, han sido igualmente poco útiles otras medidas de corte electoralista como el cheque bebé, la «bombilla ecológica», la renta de emancipación para fomentar el alquiler entre los jóvenes, el aumento de las pensiones, la ampliación del permiso de paternidad a treinta días, la congelación de las tarifas eléctricas, etc.
En todos los caos, se trata de políticas meramente arbitristas que identifican colectivos como votantes del PSOE. En cambio, destaca la ausencia de medidas o reformas en temas como el fiscal, el laboral o el educativo.

En tercer lugar, el tema nacional. Es aquí donde la acción gubernamental de Rodríguez Zapatero se ha mostrado especialmente letal y amenazadora. En un discurso tristemente memorable, el líder socialista sostuvo que el término nación era «discutido y discutible».
De ahí que José Luis Carod Rovira definiera a Rodríguez Zapatero como el único presidente español no nacionalista y abierto a planteamientos confederales y autodeterministas. El nuevo Estatuto de Cataluña se basa en el reconocimiento de su singularidad «nacional», que se traduce en el establecimiento de una relación bilateral con el Estado; en la asunción de nuevas competencias y en la modificación de su sistema de financiación.
El Tribunal Constitucional no ha determinado todavía, después de cuatro años, si, una vez aprobado en las Cortes españolas y en referéndum en Cataluña, este Estatuto respeta los límites constitucionales. En cualquier caso, el mal ya está hecho; y la gravísima responsabilidad recae en Rodríguez Zapatero.
Con todo, eso no es lo peor, con serlo y mucho; lo más grave es la propia existencia del Estado de las autonomías, cuyo desarrollo no sólo no ha fortalecido la unidad nacional a nivel político –todo lo contrario–, sino que ha puesto en peligro la propia unidad del mercado nacional.
La fragmentación autonómica en diecisiete unidades con reglamentaciones propias y, a menudo, contradictorias, está procediendo a levantar barreras a la libre circulación de bienes, especialmente de las personas. Hoy, se quiera reconocer o no, se encuentra en juego la misma existencia de España como nación.
Para colmo, las llamadas «políticas de la memoria» de Rodríguez Zapatero han contribuido aún más a la desunión de los españoles.
En lugar de promover una conciencia nacional compartida, el actual presidente del Gobierno persigue dividir a los españoles en buenos y malos, en antifraquistas y franquistas. Desde su perspectiva, la II República sería el paraíso; y el régimen de Franco, una realidad infernal.
En la Ley de Memoria Histórica se glorifica a las Brigadas Internacionales y al bando republicano, mientras que el bando nacional y el régimen de Franco aparecen como el compendio paradigmático de lo grotesco y lo repugnante; algo que produce, desde el principio, indignación y supera los límites de lo absurdo. Con un maltusianismo implacable, se han suprimido monumentos y callejeros donde se glorificaba a los combatientes nacionales; mientras se erigen a representantes del bando revolucionario, como Largo Caballero, Indalecio Prieto, Dolores Ibárruri, &c. Y así todo.

Para Nicolás Maquiavelo, lo esencial era la conservación del Estado y el fortalecimiento de la nación. Rodríguez Zapatero ha propiciado, y en parte conseguido, todo lo contrario. Su presunto maquiavelismo se ha reducido, en el fondo, a una especie de patriotismo de partido, a garantizar la hegemonía del socialismo en el conjunto de la sociedad española, destruyendo y deslegitimando a la oposición conservadora. Pero ni en eso parece haber triunfado; hoy su liderazgo en el PSOE se encuentra, dado el desastre político, moral y económico, más cuestionado que nunca.

A lo largo de más de seis años, España ha pasado por las manos de un político errático, ignorante y torpe, como si fueran las de un masajista asiático, entre apática, atormentada y extrañamente contenta. No obstante, tenemos derecho a creer, no sin un cierto escepticismo teñido de melancolía, que la nación española es inmortal. Y que Rodríguez Zapatero pasará como pasa la tempestad, la guerra o las epidemias. Lo que no acontecerá, sin duda, por la «virtud» de una oposición torpe, indolente y timorata, que ha tenido la «fortuna» –el Partido Popular, no el conjunto de la sociedad española– de encontrarse con una crisis económica que el líder socialista ha propiciado y es incapaz de solventar. Todo un éxito histórico.

Sin ayudas a políticos, sindicatos y sectores se ahorrarían 20.400 millones

El debate está servido. ¿Dónde meter la tijera? Zapatero anunció un recorte público de 15.000 millones hasta 2011. Sin embargo, la eliminación de Ministerios superfluos, ayudas sectoriales y subvenciones a partidos, sindicatos y dictadores supondría un ahorro superior a los 20.300 millones de euros en un solo año.

M. Llamas. LD.
Una vez anunciado el necesario recorte de gasto público, el debate está servido.

¿Por dónde debería el Gobierno meter primero el imprescindible tijeretazo presupuestario?.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2009 -ya ejecutados- contienen una sinfín de partidas superfluas, cuya completa eliminación en ningún caso afectaría a las prestaciones públicas básicas ni a las inversiones productivas como, por ejemplo, las infraestructuras.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, obligado por Bruselas y el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha sido aplastado finalmente por la realidad del desajuste fiscal que sufren las cuentas públicas españolas, hasta el punto de que el miércoles anunció en el Congreso un recorte presupuestario extra de 15.000 millones de euros entre 2010 y 2011. Este plan tiene por objetivo reducir el déficit público del 11,2% del PIB en 2009 al 6,5% en 2011.

Para ello, Zapatero ha anunciado, por primera vez en la historia de la democracia, que recorta un 5% el sueldo a los funcionarios en 2010 (bajando un 15% a los altos cargos) y los congela para 2011, tal.

Además,elimina el "cheque bebé", congela las pensiones y reduce las ayudas a las personas dependientes, elimina 1.200 millones de euros en transferencias a comunidades autónomas y ayuntamientos, baja la inversión estatal en 6.045 millones y reduce las ayudas al desarrollo en 600 millones de euros (sólo en 20% del total).

Según las estimaciones iniciales, el ahorro cuantificado se distribuiría de la siguiente forma:

1. Recorte del sueldo a los funcionarios: reduce la retribución del personal del sector público de media un 5% a partir de junio de 2010 y se congela para 2011; el Gobierno, por su parte, recorta los suyos en un 15%.

El Ejecutivo estima un ahorro inicial de 2.400 millones de euros en 2010 que, sumado a la congelación de 2011 -cuyo recorte aún no ha cuantificado-, daría como resultado un total de hasta 7.200 millones en dos años.

2. Congelación de pensiones (1.500 millones): el Gobierno suspende para 2011 la revalorización de pensiones -en función del aumento de la inflación-, excluyendo las no contributivas y las mínimas.

3. Cheque-bebé (1.500 millones): se elimina la prestación de 2.500 euros por nacimiento desde el 1 de enero 2011.

4. Ayuda oficial al desarrollo (600 millones): el recorte se aplicará entre 2010 y 2011.

5. Inversión pública: reducción de 6.045 millones en inversión pública estatal durante los dos próximos años. Según el ministro de Fomento, José Blanco, esta decisión supondrá un retraso en las obras acordadas de un máximo de un año y una media de seis meses.

6. Transferencias a CCAA y ayuntamientos: ahorro adicional de 1.200 millones de euros por parte de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

7. Si ello se suma el coste, aún no cuantificado del resto de medidas (eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial previsto en la ley 40/2007; adecuación del número de unidades de los envases de medicamentos para ajustarlo a la duración estandarizada de los tratamientos; reducción del precio de aquellos medicamentos no genéricos excluidos del sistema de precios de referencia; y la eliminación de la retroactividad de las ayudas a la dependencia desde el momento de la solicitud), el ahorro total anunciado por Zapatero podría oscilar entre los 15.000 y los 20.000 millones de euros.

¿Hay alternativa?

Dicha cantidad podría ser recortada en tan sólo un ejercicio -en lugar de dos- mediante la supresión de subvenciones improductivas, cursillos para parados que no logran recolocar trabajadores, ayudas a dictadores del Tercer Mundo y subvenciones a partidos políticos y sindicatos.

Ninguno de estos recortes afectaría a partidas consideradas normalmente como fundamentales para el mantenimiento del Estado de Bienestar (Educación, Sanidad, paro o pensiones), ni a las funciones básicas del Estado (Defensa, Seguridad interior y Justicia, entre otras funciones).

Con los siguientes recortes en los PGE de 2009 y a los que ahora se sumaría la eliminación de subvenciones políticas y sindicales, el Estado se ahorraría un total de 20.374 millones de euros tan sólo un año:

1. Partidos políticos: las formaciones con representación en las Cortes Generales se repartieron en 2010 un total de 85,41 millones de euros en concepto de subvenciones del Estado para su financiación ordinaria y para gastos de seguridad. Los dos partidos mayoritarios copan estas ayudas públicas, con 35,84 millones para el PP y 33,89 millones para el PSOE.

2. Sindicatos: sólo en 2009, el Gobierno ha dado a UGT y CCOO 193 millones de euros, repartiendo por igual a ambas organizaciones.

3. Ministerio de Cultura: 414 millones de euros
Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior (18,7 millones); Promoción y cooperación cultural (48,1); Promoción del libro y publicaciones culturales (16,01); Fomento de las industrias culturales (27,08); Música y danza (125,64); Teatro (54,9); Cinematografía (124,22 millones).

4. Ministerio de Exteriores: 2.919 millones de euros
Cooperación para el desarrollo (2.808 millones de euros), que consiste en la concesión de millonarias ayudas públicas a países subdesarrollados o en vías de desarrollo que, en la mayoría de los casos, carecen de sistemas demócraticos consolidados; Cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior (111,9).

5. Ministerio de Vivienda: 1.617 millones.

6. Ministerio de Igualdad: 140,9 millones

7. Imprevistos y funciones no clasificadas: 2.094 millones. Es una partida que sirve como cajón de sastre, ya que el Gobierno emplea estos fondos de modo arbitrario.

8. Ministerio de Industria: 4.425 millones
Desarrollo industrial (517,3 millones); Reconversión y reindustrialización (754,2); Desarrollo alternativo de las comarcas mineras del carbón (280,3); Explotación minera (749,5); Normativa y desarrollo energético (80,4); Promoción comercial e internacionalización de la empresa (651,3); Ordenación y modernización de las estructuras comerciales (28,9); Coordinación y promoción del turismo (769,5); Apoyo a la pequeña y mediana empresa (134,5); Infraestructuras en comarcas mineras del carbón (460 millones).

9. Ministerio de Fomento: 908, 7 millonesSubvenciones y apoyo al transporte terrestre (737,7); Subvenciones y apoyo al transporte marítimo (114,049); Subvenciones al transporte extrapeninsular de Mercancías (57 millones).

10. Ministerio de Trabajo: 7.577 millonesCooperación para el desarrollo (3,7 millones); Fomento de la inserción y estabilidad laboral (7.574 millones de euros), que consiste en la celebración de cursos para parados, normalmente gestionados por los sindicatos, y cuya eficacia para recolocar parados es casi nula, y en todo caso, muy inferior a la de las empresas de trabajo temporal (ETTs), según los expertos.

TOTAL: 20.374 millones de euros sólo en 2010. Cifra superior o, como mínimo, próxima, al recorte anunciado por Zapatero, que afectará a funcionarios, pensionistas y dependientes.¿Dónde recortar? El debate político, social y económico está servido.

El PSOE alecciona a sus cargos para «no meterse en líos» al explicar los ajustes

El PSOE ha elaborado una instrucción, que ha repartido entre todos sus dirigentes, con consejos para "no meterse en líos" ni hablar "de lo que no se sabe" a la hora de explicar a la ciudadanía el alcance de las medidas de ajuste anunciadas por el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Según han indicado fuentes de la dirección federal socialista, se trata de que los cargos del partido den cuenta "mucho y bien" de las medidas anunciadas, que incluyen la congelación de las pensiones para 2011 o la bajada de un 5 por ciento del sueldo de los funcionarios este año.
En este sentido, los socialistas han sido ilustrados para justificar estas medidas, partiendo del argumento de que la otra alternativa que había para bajar el déficit era reducir las prestaciones a los desempleados, que no se verán afectadas.
"Pero no hay que hablar de lo que no se sabe", han precisado las mismas fuentes, que se han referido al caso concreto de una posible subida de impuestos, que no es una de las medidas previstas por el momento y cuya concreción o no tiene que decidir el Ejecutivo.
Más allá de la polémica fiscal, la dirección socialista también quiere que los dirigentes del partido se abstengan de aventurarse en otras cuestiones todavía no definidas, como es la progresividad exacta que se aplicará en los salarios públicos y cuáles se recortarán menos del 5 por ciento y cuáles más.
El PSOE está preocupado por la repercusión de la congelación de las pensiones y quiere que cale en la ciudadanía el mensaje de que las mínimas y las no contributivas no van a reducirse, sino que mantendrán su poder adquisitivo en 2011.
Respecto a la ley de dependencia, el mensaje es que no se van a recortar derechos, sino que se acometerá un ajuste para evitar situaciones de "desequilibrio" como las que, según los socialistas, han venido produciéndose en las comunidades valenciana y madrileña, que demoraban "considerablemente" los trámites y luego había que abonar los retrasos.

Golpe al Estado del bienestar

EL plan anunciado ayer por el presidente del Gobierno dejó en el tintero una medida inaplazable, de carácter político: su dimisión y la convocatoria de elecciones anticipadas. Lo sucedido en los últimos días con el Gobierno de España significa su inhabilitación como responsable de la política nacional, porque nada de lo que ayer dio a conocer Rodríguez Zapatero se habría adoptado si la UE -e incluso Estados Unidos- no hubiera decidido decretar una intervención inmediata de la economía española. La gravedad de nuestra situación se mide por la secuencia de injerencias directas protagonizadas por Merkel y Obama para exigir -no para pedir- reformas que hagan que España deje de ser una amenaza para el euro y la estabilidad occidental.
Esta es la situación real de España, como bien dijo Rajoy en uno de sus mejores discursos parlamentarios. España es un «protectorado» económico de Bruselas, y la razón es muy sencilla. Mientras que la crisis griega es un problema esencialmente griego, la crisis española es un problema europeo, agravado por la soberbia del presidente del Gobierno, que ayer mismo seguía anunciando el inicio de la recuperación a lomos de la décima de punto que, según el Banco de España, ha crecido la economía española en el primer trimestre de este año.
En sólo tres días, Rodríguez Zapatero se ha anulado a sí mismo como responsable de la gobernación de España, no por haber tomado medidas duras contra la crisis, sino por haberlo hecho tarde, mal y empujado por la presión internacional. No son decisiones soberanas del Gobierno de España, debatidas con la oposición parlamentaria española y aprobadas con el respaldo de la sociedad española. Son el producto de la desautorización europea a la gestión realizada por Rodríguez Zapatero. Por eso no puede Zapatero presentarse como líder de un giro en política económica que le viene impuesto. Nadie lidera estrategias ajenas. Su discurso es el de un portavoz de Bruselas, no el del presidente del Gobierno de España. De rechazar la semana pasada una aceleración en la reducción del gasto público, Zapatero ha pasado a mutilar algunos de los avances sociales con los que decoraba sus mandatos demagógicamente. Zapatero anunció ayer el mayor recorte social que se recuerda en la historia democrática, afectando aspectos tan nucleares del Estado del bienestar como los sueldos y las pensiones -siempre son gobiernos socialistas los que recortan pensiones, mientras que el PP las garantizó por ley-, y cancelando iconos de su política social como el «cheque-bebé» o los gastos de dependencia. Tendrá que explicar el Gobierno cómo va a dejar sin efecto, salvo que consiga apoyos suficientes en el Congreso, la ley de consolidación y racionalización del Sistema de Seguridad Social de 1997, que estableció que las pensiones serán revalorizadas al comienzo de cada año en función del correspondiente índice de precios al consumo. Por otra parte, la reducción media del 5 por ciento del sueldo de los funcionarios es una decisión profundamente injusta e incluso tramposa, porque no hay medidas complementarias que impidan la contratación de más personal eventual y contratado. No se trata de que los funcionarios cobren menos; se trata de que haya menos gasto de personal, y esto sólo se consigue frenando, y luego reduciendo, el número de eventuales, asesores y gabinetes, lo que incumbe también a todos los gobiernos autonómicos. Además, no es aceptable que los pensionistas pierdan poder adquisitivo mientras la desproporcionada estructura administrativa del Estado (central, autonómica y municipal) permanece intacta. Antes que las pensiones deben ser prioritarios los ministerios ociosos, las subvenciones clientelares, los despilfarros autonómicos y el descontrol municipal.
Las medidas anunciadas ayer -y las que no anunció, pero sí insinuó, como una subida de impuestos- deben ser analizadas meticulosamente, porque no por ser duras van a ser eficaces. Sin duda, servirán de muy poco si el mercado laboral sigue sin ser reformado, si no hay reforma financiera y si no se pone en marcha un proceso legislativo urgente de armonización del Estado autonómico, para reforzar el Estado central y dotarlo de mecanismos de decisión económica y política que han sido transferidos pensando que en España no iban a ser necesarias políticas de cohesión nacional crítica.
En definitiva, hay más que crisis económica. El desprestigio internacional de España es absoluto y será a muy largo plazo. Patética está siendo la presidencia europea. El Gobierno socialista ha perdido definitivamente su discurso político, recortando derechos sociales, pero manteniendo las hemorragias de dinero público en gastos corrientes y en estructuras administrativas ineficientes. Ahora bien, no sólo es responsabilidad del Gobierno. A esta situación también se ha llegado por el coro de complacientes -sindicatos, gurús, minorías parlamentarias- que han secundado por intereses de menor cuantía -o de máxima, según el caso- la gran estafa política cometida por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero contra la sociedad española.

De Largo Caballero a Corto Zapatero.

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El problema económico y su solución
JUAN VELARDE FUERTES.- ABC. Jueves , 13-05-10

En estos momentos muy duros de nuestra economía precisamos señalar la raíz del problema y, de modo derivado, la posible solución. Esa se encuentra en la incapacidad que ha mostrado la economía española, más concretamente desde 2003 a 2007, de combinar fuerte desarrollo económico y equilibrios en las balanzas exteriores.
Para mantener el desarrollo sin problemas era necesaria la llegada, bien de capital extranjero a largo plazo, con sus complementarias aportaciones tecnológicas, o bien fondos a corto plazo. La política económica española impulsó esto último sencillamente a través de bonos de nuestras instituciones crediticias que se colocaban en otras instituciones financieras del exterior.
La segunda circunstancia remota se halla en nuestra participación en la Eurozona. Nos introdujimos en un área monetaria óptima y aceptamos perder el control del tipo de cambio y del tipo de interés, que pasó al Banco Central Europeo. De esta forma, como simultáneamente no resolvimos problemas microeconómicos, nos encontramos con que los precios españoles crecían por encima de los tipos de interés que determinaba el BCE. Teníamos, pues, tasas negativas para el pago de nuestros préstamos. Tal excelente situación provocó un alud de endeudamiento en las empresas financieras, en las no financieras y en las economías domésticas. En parte considerable, bastantes de los impulsos derivados se fueron al sector de la construcción. No se tuvo en cuenta que para mantenernos en un área monetaria óptima es necesario que no existan desequilibrios exteriores significativos.
De manera próxima surgieron dos cuestiones enlazadas. Por un lado, el sistema financiero mundial crujió a partir del verano de 2007. Naturalmente, esto cortó la posibilidad de la cómoda financiación que recibía nuestra economía para sus desequilibrios exteriores. Simultáneamente, como esto produjo desorganización del aparato productivo, a partir del lógico hundimiento del sector inmobiliario, con el añadido de un fuerte incremento del paro, el Sector Público decidió poner remedio a través de incrementos notables del gasto público, creando en el año 2009 el mayor déficit presupuestario que, respecto al PIB, ha existido nunca en nuestra economía; esto es además del endeudamiento de empresas y familias, ahora fue el Sector Público el que pasó a añadir la suya a esta deuda. La gran interrogación surgida en los mercados financieros internacionales fue: ¿va España a ser capaz de devolver estas deudas?
Así es como surgió nuestro enlace con la coyuntura económica mundial. Los datos del Banco de Pagos Internacionales de Basilea mostraron la magnitud del endeudamiento de nuestro sistema crediticio. Simultáneamente se comenzó a observar qué era lo que sucedía en otros países de la periferia de Europa: Irlanda, Portugal, Italia y Grecia. El conjunto alarmó, pero especialmente cuando se comprendió la magnitud, y el significado, de la deuda española. Una suspensión de pagos por parte de España podría significar, debido a que nuestro país no tomaba medida alguna para comenzar a poner en orden sus finanzas, el hundimiento de parte significativa del sistema crediticio europeo. Esto, de inmediato, originaría que el estallido de la bomba financiera española borraría casi todas las posibilidades de salida de la crisis por parte de países fundamentales de Europa. Pero esto, de manera inmediata, arrastraría al euro, complicando, por supuesto, su contrapartida, el dólar. La subida de la moneda norteamericana acarrearía dificultades para que los Estados Unidos pudiesen de algún modo aliviar, a través de las exportaciones, su propia crisis económica. Las consecuencias, por tanto, de la penosa situación financiera española abarcaban puntos fundamentales de la coyuntura económica mundial. Esto es lo que explica lo sucedido en reuniones, conferencias, llamadas telefónicas, que culminaron con la decisión española del 12 de mayo de 2010. Lo que esto significa es un esfuerzo macroeconómico equilibrador muy fuerte nuestro para que las economías extranjeras no sufran el penoso impacto que España podría originar. Pero no quiere decir en absoluto que sirva para aliviar, excepto en el sentido de que no vamos a empeorar en medio de un importante cataclismo económico internacional, nuestra coyuntura.
Lo que se ha dejado a un lado y se encuentra ahí de nuevo amenazándonos es la solución por el camino microeconómico de nuestros problemas. La relación de los mismos impresiona. ¿Qué decir de lo que sucede con la energía, a causa de ese error colosal que significa la huida de las centrales nucleares, acompañado de una serie de medidas equivocadas sobre las tarifas y la deuda de las empresas? Cuando se repara en lo que ocurre en el terreno de las industrias manufactureras, contemplamos no sólo una caída verdaderamente espectacular en su participación en el PIB, sino que al estudiar las causas vemos una apuesta, ciertamente muy preocupante, hacia actividades relacionadas con tecnologías muy poco avanzadas. Como estas son accesibles a países competidores pobres que, además, tienen niveles salariales más bajos que los nuestros, el problema de nuestra competitividad queda agravado.
Pero no sólo es esto. En el sector crediticio vemos que está sin resolver el arduo problema de las Cajas de Ahorros, sobre el que habremos de retornar una y otra vez. Pero en el Sector Público cuestiones tan fundamentales para la marcha de la economía como la importancia del impuesto de sociedades parecen varadas en las playas del olvido, seguramente como consecuencia del problema del déficit. El miedo a las reacciones sindicales bloquea todo lo vinculado con el mercado del trabajo. El análisis de la ley de Okun muestra una separación radical de la creación de empleo en España y en otros países europeos al crecer el PIB: nosotros necesitamos una mayor tasa de desarrollo para la misma creación de empleo. ¿Y qué decir de la ruptura de los mercados de factores productivos y bienes y servicios derivada de lo que sucede en las diversas, y a veces contrapuestas, políticas económicas de las Autonomías? Y a todo esto, agréguese que no se atiende a cuestiones fundamentales para el desarrollo, como la educación o el aprovechamiento de la renta de situación internacional española a través de las infraestructuras adecuadas.
Todo esto quiere decir que en estos momentos lo que se alivia es la situación internacional y no se agrava, por ello, la situación española. Pero también que abandonamos toda posibilidad de salir de la crisis económica. Si además de ello el mundo financiero internacional continúa condenando a España con la consiguiente falta de llegada de fondos del exterior y, lógicamente, con salida de fondos de España para salvarse nuestros empresarios con su internacionalización, pasaríamos a encontrarnos en una situación de decadencia económica prolongada. De algún modo esto semejaría lo ocurrido después del gran impulso que tuvo nuestra economía en el siglo XVI, que fue seguido a lo largo de todo el siglo XVII con una caída espectacular que se convirtió en una rémora para poder impulsarla adecuadamente, cuando a finales del siglo XVIII llegó la Revolución Industrial. Una y otra vez hay que pensar en aquella frase del profesor Olariaga: «Ocho, diez años en la vida económica moderna son suficientes para encumbrar a un pueblo en el concierto internacional o para dejarlo batido y rezagado por medio siglo». En una situación democrática, pues, la responsabilidad de todos y cada uno es formidable.